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Por Ley, proponen duplicar el presupuesto de la Justicia misionera

25 febrero, 2018

La iniciativa busca más autonomía de un poder que hoy solo insume el 3,5% del presupuesto total de la Provincia. El Colegio de Abogados apoyará el proyecto, siempre que el eventual incremento se use para mejorar los salarios más bajos y la infraestructura.Mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanza en una reforma judicial “desde adentro”, en Misiones el primer paso lo dio el Partido Agrario y Social (PAyS) con un proyecto de Ley que busca aumentar los fondos que maneja el Poder Judicial provincial con un piso mínimo del 6% del Presupuesto General de Gastos y Recursos, casi el doble que el promedio de 3,5% que se le destina en la actualidad.


El autor de la iniciativa es el diputado Isaac Lenguaza, expresidente del Colegio de Abogados de Misiones, quien había adelantado en campaña su intención de “meterse de lleno” en las cuestiones vinculadas con la independencia del Poder Judicial.

Justamente, el Colegio de Abogados fue la primera escala de Lenguaza en su meta de socializar el proyecto y nutrirlo con aportes de los distintos sectores involucrados. La institución que ahora preside el abogado Ernesto Báez vio con buenos ojos la propuesta, pero pidió incorporar un artículo que condicione el uso de esos recursos extra “para que no vayan a aumentar sueldos de jueces y ministros”.

“Entendemos que la Justicia necesita más recursos y tenemos muy bien estudiado el tema de la infraestructura y los fueros que necesitan un apuntalamiento urgente, por eso exigimos que los eventuales mayores recursos vayan destinados a aumentar los salarios más bajos del Poder Judicial y a las inversiones en infraestructura y equipamiento que se necesitan para dar respuesta mínima a la demanda actual, siempre que como contraprestación se mejore el servicio de justicia”, explicó el letrado, conforme con el compromiso de incorporar la sugerencia al articulado del proyecto.

Justamente el Colegio viene advirtiendo sobre el colapso en el fuero de familia en toda la provincia, y la necesaria creación de más juzgados en Posadas y localidades del interior.

La próxima escala en el proceso de socialización será el propio STJ “para que también aporten y enriquezcan el proyecto de Ley que presentamos”, según Lenguaza, quien espera “involucrar a todos en esta discusión que no puede ser mezquina, porque estamos ante una posibilidad histórica que puede generar el principio de una reforma judicial integral”.

Dependiente del Ejecutivo
En Misiones, el Poder Judicial no tiene autarquía económica financiera, es decir que no maneja su propio presupuesto con independencia del Poder Ejecutivo. Así lo estableció el artículo 146 de la Constitución Provincial, que en el inciso 4 señala que “presenta anualmente al Poder Ejecutivo el Presupuesto de gastos de la administración de justicia a fin de ser incluido en el presupuesto general de la Provincia”.

“El Poder Judicial no debe estar sometido a ninguno de los poderes políticos. La autarquía económica es una de las herramientas que apuntala la independencia, porque si pueden manejar los recursos económicos-financieros que le permitan dar cumplimiento a sus deberes y atribuciones constitucionales, no van a necesitar rogarle los fondos al poder político” explicó Lenguaza, y agregó que “si tienen los fondos que necesitan, también nos habilitan a exigir más compromiso, más infraestructura judicial y respuestas más rápidas”.

El legislador aseguró que su proyecto es “un paso intermedio y perfectamente posible en la búsqueda de la autarquía”, puesto que para que se avance plenamente en este cambio, habrá que reformar la Constitución”. 

En el año 2014 el presidente de la Cámara, Carlos Rovira, presentó un proyecto de Ley para la enmienda constitucional del artículo 146, que le posibilitaría a la Corte misionera el manejo de sus propios recursos sin intervención del Ejecutivo.

“El proceso de enmienda tiene sus tiempos y hay que someter la cuestión ad referéndum de la ciudadanía. Ojalá podamos avanzar en esto también, pero mientras tanto, nuestro Poder Judicial no puede seguir manejándose con el 3,5% del presupuesto” agregó el legislador del PAyS.

En las provincias de Neuquén y San Luis se aprobaron normas sobre la independencia de fondos con un porcentaje mínimo, mientras que en Buenos Aires, Mendoza y Chaco hay proyectos de ley en trámite con la finalidad de lograr este piso y la independencia en el manejo de los fondos. A diferencia de lo que pasa en Misiones, la autarquía sí está prevista en cláusulas específicas de las constituciones de Corrientes, San Juan y otras cuatro jurisdicciones.

En otras provincias
Según un análisis comparativo incluido en los fundamentos del proyecto, las provincias que más presupuesto destinan a sus respectivos Poderes Judiciales son Salta (6,5%); Córdoba (6,3%); Chubut (6,2%), Neuquén (5,4%); Chaco (5,1%); Corrientes (5%); Mendoza (4,3%); San Juan (4,1%); Buenos Aires (4%); CABA (4,8%). Entre las que menos partidas destinan están Jujuy (3,6%), Santiago del Estero (1,9%), San Luis (3,1%), La Pampa (3,4%), Santa Fe (3,1%), Formosa (2,8%) y Misiones, que no llega al 3,5%.

La Ley 23.853 determina que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación se fijará en base a un porcentaje de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central.

A nivel nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación lanzó el viernes un plan para la “transformación profunda” de la Justicia. Se trata de un paquete de reformas que será coordinado y liderado por la propia Corte, según publicó el diario La Nación.

La idea es que los cambios abarquen desde el horario de los tribunales y la digitalización de los expedientes hasta modificaciones procesales para acelerar los casos de corrupción, una nueva composición del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la oficina de escuchas judiciales.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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