Alejandrino Rojas Schmid – Posadas (Misiones)
Señora Directora:? El viernes pasado leí con detenimiento en ese Diario la nota que sobre gatillo fácil escribió para La Nación el reconocido jurista y legislador argentino Ricardo Gil Lavedra. Desde las filas del radicalismo (fue diputado nacional y presidente de su bloque legislativo) crítica con justeza y acierto los riesgos que implica lo que él denomina como demagogia punitiva.
Como ya pretende en otros ámbitos –en riesgos de trabajo y de obras sociales (restringe el recurso judicial en manos de un equipo de profesionales para algunos temas)–, el gobierno vuelve a sustraer a la Justicia una de sus potestades y deja su resolución en manos de otro organismo oficial, de menor rango. En ambos casos, el Ejecutivo se arroga atribuciones que no le son propias para ir ajustándolas a la conveniencia del gobernante de turno, la alianza Cambiemos (a la que pertenece el radicalismo), en este caso. Con ello y en el propósito de garantizar una mayor eficiencia y eficacia pone en riesgo la fortuna y la integridad de las personas, sin posibilidades mayores de recurrir a los tribunales ordinarios para que se respeten los derechos conculcados. Pero deja además en manos privadas interesadas, en el primer caso, y el de un agente de facción armado, en el segundo, la resolución de temas muy sensibles, donde la vida de las personas está en juego.
De alguna manera, implica la desprotección del trabajador y del ciudadano común, en uno y otro caso, al arbitrio de un tercero en el que priman intereses y prejuicios que no siempre llevan a la resolución más ajustada a la verdad. Entiendo que es sumamente necesario que sea el Poder Judicial el que le ponga los límites a estos excesos, aunque ya hubo algunos jueces, tanto laborales como civiles y penales, que han puesto los puntos en claro y fallaron contra las pretensiones del gobernante de turno.
Ojala toda la Justicia sepa ponerse los pantalones largos en esta invasión a sus fueros y marque un camino diferente al del Congreso, cuyos legisladores no se animan aún a ponerle un freno a decisiones legislativas de un gobierno que recurre a los DNU –similar adecretos-leyes de épocas más oscuras– que se olvidan, nadie cuestiona o son validados a libro cerrado.
La Argentina ha vivido épocas muy difíciles y aciagas como para que volvamos a cometer los mismos errores históricos de entonces.
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