La medida recayó sobre tres hombres y una mujer, responsables de los predios allanados en noviembre. Enfrentan penas de 3 a 10 años. Fueron trasladados a distintas cárceles.
Cuatro de los investigados por conformar una red que proveía de autopartes de dudosa procedencia en la Zona Centro y Norte de la provincia, con asiento en esta ciudad, recibieron en las últimas horas la prisión preventiva por el delito de asociación ilícita, que prevé penas que van desde los 3 hasta los 10 años de prisión.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, la imputación formal recayó sobre tres hombres y una mujer, considerados responsables de los distintos predios allanados en noviembre último en un megaoperativo llevado a cabo por la Policía provincial junto a la Dirección de Fiscalización de Autopartes y Desarmaderos de la Nación.
Ante la medida adoptada por el magistrado Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en San Vicente, los cuatro imputados fueron trasladados de la comisaría seccional Segunda hacia distintas cárceles de la provincia.
En el caso de los tres hombres, permanecerán tras las rejas en la Unidad Penal VII del Servicio Penitenciario Provincial, en Puerto Rico, mientras que la mujer hará lo propio en la Unidad Penal V, la Alcaidía de Mujeres de Miguel Lanús, en el Gran Posadas.
Para la Justicia, las pruebas recolectadas durante la instrucción de la causa son suficientes para suponer que los cuatro poseen cierto grado de autoría en relación al delito por el que se los acusa formalmente.
Tal como este Diario informó en su momento, los procedimientos comenzaron durante el primer día de noviembre pasado y se prolongaron varias horas. En total, los uniformados requisaron al menos cuatro talleres con autopartes de dudosa procedencia. La causa tuvo en un principio siete detenidos.
Los tres primeros allanamientos tuvieron lugar sobre predios emplazados en el kilómetro 973 y 984 de la ruta nacional 14, y en la esquina de Dorrego y Tejeda, según informó la Policía provincial en aquel entonces.
En principio, ninguno de esos predios de venta informal estaba inscripto en el Registro Nacional de Autopartes. No obstante, esa no fue la única irregularidad: en el megaoperativo se incautaron 150 vehículos -incluidos 50 camiones- desarmados, varios de ellos ya cortados y listos para ser enviados a otras localidades, provincias e incluso a Brasil.
En los allanamientos se secuestraron motores de distintas cilindradas, paragolpes y piezas en general. Fue necesaria la utilización de una decena de camiones de gran porte para el traslado de la mercadería, que no contaba con la oblea de seguridad obligatoria por ley.
Los investigadores suponen que los desarmaderos de San Vicente recibían mercadería proveniente de distintas provincias e incluso Paraguay y Brasil. Hacia ese último país también se cree que iba dirigida una buena parte de las autopartes secuestradas. El monto total de lo incautado alcanzó cifras multimillonarias y superó, incluso, al de un procedimiento similar realizado meses atrás en Posadas.
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