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Tras ser procesado, Lagomarsino reiteró su inocencia

27 diciembre, 2017

El Técnico informático es investigado por la Justicia como partícipe necesario en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Consideró que no existen pruebas para implicarlo.“Lo niego rotundamente. Eso que dice el fallo nunca existió.

  
No tengo nada que ver con lo que dice el juez. Arroyo Salgado debe explicar las mentiras que dijo”, aseguró frente a la prensa este miércoles al salir de su domicilio.
   
“No hay pruebas para demostrar que yo tenía algo que ver (con el asesinato del fiscal). Por supuesto que tengo miedo de ir preso porque soy inocente”, añadió.
   
El juez federal Julián Ercolini ordenó este martes el procesamiento de Diego Lagomarsino como participe necesario del asesinato de Alberto Nisman, al considerar “inverosimil” que el fiscal de la causa AMIA le haya pedido su arma y éste se la prestara.
   
En los fundamentos del procesamiento se señala que se considera a Lagomarsino penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego, en calidad de participe necesario.
   
Además, Ercolini congeló las cuentas y trabó un embargo de 15 millones de pesos sobre el técnico informático, que no irá preso sino que seguirá vigilado por una tobillera electrónica, con un radio de 100 kilómetros para moverse alrededor de su residencia.
   
“Nisman pidió armas a dos personas antes que a mí. Alberto intenta tener un arma a través de un comisario, luego de un custodio y luego me la pide a mí. La cuenta bancaria habla de la relación que Nisman tenía”, indicó hoy Lagomarsino.
   
“¿Acaso creen que Nisman es tan pelotudo como para dejar la puerta abierta? Por las pericias, creo que fue un suicidio, o un suicidio inducido, o hasta pudo haber sido un accidente. No estoy preso porque saben que digo la verdad”, agregó.
   
En una resolución de 656 páginas, el juez procesó a los cuatro custodios que estaban a cargo de la seguridad de Nisman, por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
   
Se trata de Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz, a quienes también se les prohibió salir del país y se les trabaron embargos y congelamiento de sus cuentas.
   
Lagomarsino se encontraba en los estudios del canal Crónica cuando se conoció la decisión del juez, la que tildó de “endeble”, y afirmó: “Se va a demostrar que no tengo nada que ver”.
   
“Hay certeza de que Lagomarsino fue una de las pocas personas –sino la única– de su entorno que para esos días mantuvo franqueado el acceso al domicilio del Fiscal. De hecho, tampoco es controvertido que fue la última persona autorizada por Nisman a entrar a su vivienda”, señaló Ercolini, al referirse a la fecha del asesinato, el 18 de enero de 2015.
   
En la resolución, basada además en el último peritaje de la Gendarmería que estableció que se trató de un homicidio, Ercolini dijo además que está “descartado que el fiscal hubiera tenido una tendencia suicida”.
   
“A Nisman lo habrían matado con el arma de Lagormarsino y éste, a la vez, fue la última persona que ingresó al departamento. No obstante, desde el primer momento, comenzó a impulsarse públicamente la idea del suicidio”, evaluó.
   
El juez afirmó que el técnico intentó dar una imagen de “víctima” en los medios “de un modo tal que ha generado públicamente una pérdida de la percepción de lo que debería haber sido desde el mismo momento del hallazgo del cadáver: un sospechoso central en un caso de homicidio”.
   
Según fundamentó en el fallo, “es incomprobable, pero aparte debe ser tildado de inverosímil y como un intento defensista de quitarse responsabilidad, que Nisman le haya pedido en aquella ocasión a Lagomarsino un arma de fuego para la seguridad de sus hijas”, ya que “ninguna se encontraba en el país”.
   
“Una persona con el nivel cultural y de instrucción como aquél y con pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en esos días, por una parte se hubiera negado a dársela o dicho que no tenía armas, o que no funcionaba, o que se comprara una, etcétera; pero además, hubiera hecho lo posible para poner al tanto y en alerta de este pedido insólito a sus otras personas de confianza”, enfatizó Ercolini.
   
Al respecto, agregó: “Debe descartarse por inverosímil la versión de que el arma por la que finalizó muerto Nisman fue pedida a Lagomarsino y prestada por éste”.
   
“Tampoco pueden ser aceptables como ciertas las explicaciones que dio Lagomarsino sobre el por qué era tenedor de un arma de fuego, situación ésta absolutamente incongruente con la actividad profesional; ni tampoco es verosímil, si tan sólo era un asesor informático, que Nisman supusiera o supiera que Lagomarsino pudiera tener un arma de fuego, para pedírsela”, destacó.
   
Para el juez, “al ser un hombre de extrema confianza, facilitó el ingreso al domicilio de la víctima de la pistola marca Bersa calibre 22 de su propiedad, con el objeto de que luego fuera utilizada por las personas que ingresaron a la vivienda y le quitaron la vida al Fiscal”.
   
También le achaca, “dada la asidua concurrencia al domicilio”, tener “conocimiento de información a su respecto que habría ayudado al desarrollo e la logística utilizada por el o los ejecutores del hecho, para asegurar el resultado final y poder obrar sobre seguro”.
   
En tanto, a los ex policías se los imputa por “no proteger a su custodiado en forma debida”, al considerar que “sus incumplimientos ayudaron a la perpetración del ilícito, por cuanto ello facilitó el ingreso del arma homicida al domicilio del custodiado, franqueó el acceso de los ejecutores del hecho, permitió que estos lleven adelante su accionar sin riesgo de ser descubiertos, determinó su salida impune del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inmediata a su producción”.

Fuente: Agencia de Noticias NA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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