Los hechos de violencia que protagonizó un grupo de militantes de sectores de izquierda frente al Congreso Nacional cuando se enfrentaron con la Policía, sigue generando debates. 
Especialmente cuando la Justicia tiene sobradas pruebas de personas que encabezaron las agresiones y desmanes (uno de ellos, excandidato, trascendió con una foto en los medios de comunicación, donde se lo ve con un arma casera); que a las pocas horas terminan libres y hasta participando de otros sucesos violentos que generan tensión desmedida.
Ayer, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que se dicten nuevas leyes que impidan la excarcelación de personas detenidas durante incidentes en manifestaciones públicas, como los que se produjeron en las afueras del Congreso.
En Argentina tenemos un problema al que no le encontramos solución; por otro lado, tenemos la certeza de que ese problema no solamente no va a atemperar su importancia, sino que esas manifestaciones probablemente se incrementen en 2018, cuando el país sea sede de reuniones y eventos internacionales de muchísima importancia, advirtió Moldes.
Ahora bien, no solo los violentos en protestas sociales o políticas entran por una puerta y salen por la otra al poco tiempo. Porque es la propia Justicia la que aplica las leyes vigentes mediante los magistrados del fuero.
¿Hace falta una reforma que incluya a todos los delincuentes que son beneficiados con la excarcelación? En esa respuesta se podrán encontrar varias posturas: los que creen que la cárcel no cambia a los infractores; luego quienes defienden la protesta social como marco de la libertad de expresión; y finalmente quienes creen que endureciendo las normas, menos personas se animarán a cometer delitos.
Con reforma o sin reforma, habría que plantearse qué clase de dirigentes son los que promueven y lideran lamentables hechos como los ocurridos durante el debate por la reforma previsional.
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