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Milagro Sala: “En estos días van a tener noticias mías”

1 diciembre, 2017

Así advirtió al hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Jujuy, la jefa de la Tupac Amaru y agregó que “después no vayan a llorarme al cajón”. Además sostuvo que vive una “persecución política” y que “ya está condenada”.

El tribunal dictará el próximo jueves el veredicto por supuestas amenazas a policías en 2014.

Se trata del segundo proceso oral y público en su contra, luego de que en diciembre del año pasado fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el escrache realizado al entonces senador y hoy gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

“Con respeto lo digo: esto es una payasada”, dijo Sala dirigiéndose al Tribunal, y agregó: “Se nota a leguas que es una persecución política”.

Luego de que se registraran momentos de tensión durante la audiencia, signada por planteos y oposiciones de parte de su defensa, Sala indicó también que “hacen lo que quieren conmigo”, y entonces advirtió: “En estos días van a tener noticias mías, después no vayan a llorarme al cajón”.

Durante su detención en el penal de Alto Comedero, en febrero de este año, Sala protagonizó un confuso episodio en el que se habría provocado una autolesión en el abdomen horas antes de ser trasladada a los tribunales jujeños para ser interrogada.

En la audiencia de hoy, Ruben Vásquez, uno de los policías que recibió las supuestas amenazas ratificó la existencia de un llamado telefónico de Sala, e indicó que en ese llamado le dirigió “insultos”, que le dijo que era unos “incompetentes” y que “iba a poner una bomba”.

“En el momento no lo tomé a pecho pero, por recaudo, permanecimos en la dependencia policial”, explicó Vásquez, para luego relatar que, cerca de la medianoche, la jefa de la seccional, quien también denunció amedrentramiento, llamó para decir a su vez que la habían amenazado y preguntar si alguien había dado su teléfono personal.

En el mismo sentido declararon Jorge Velázquez y Marcelo Salazar, efectivos que se encontraban esa noche de servicio en la seccional, quienes aseguraron que no advirtieron la amenaza más allá de los comentarios que escucharon, en uno de los casos recién al otro día.

Las últimas dos testigos fueron María Vargas, víctima del episodio por el que Sala había decidido llamar a la seccional; y María Molina, madre de Vargas, quien relató encontrarse con Sala en Buenos Aires cuando le pidió que intercediera por la situación que estaba atravesado su hija.

“No creí que fueran a inventar amenazas, yo estuve con Milagro y no escuché nada de eso”, aseguró Molina, al contar que se encontraba junto a Sala cuando se produjo el llamado.

La causa se originó cuando Vargas fue a pasear a una feria y se encontró con un puesto en el que estaban vendiendo ropa que le habían robado a su madre en su casa.

La vendedora fue detenida, Vargas quedó demorada y la policía secuestró las prendas de vestir, en razón de lo cual su madre, Maria Molina, le pidió ayuda a la dirigente. Sala habría llamado entonces para reclamar que se devolviera lo decomisado, en una llamada caracterizada por los denunciantes como una amenaza.

El debate oral, que comenzó ayer y está a cargo de los jueces Antonio Llermanos, Luís Kamada y Mario Puig, se desarrolla mientras el Estado argentino debe resolver una medida provisional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sala, en la que se indica que se debe sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario. 

Fuente: Agencia de Noticias Télam
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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