El intendente de Apóstoles, Mario Vialey, se presentó a declarar el martes en el Juzgado de Instrucción N°4, en su carácter de síndico de la Cooperativa Yerbatera de Apóstoles Limitada (COYAL), en el marco de la causa que enfrenta por presunta administración fraudulenta de la entidad. Es que los socios denunciaron ante la Justicia penal un presunto faltante de 10 millones de pesos en la entidad yerbatera que tiene como presidente a Emilio Vialey, hermano del alcalde.En este contexto, el síndico se presentó ayer con un escrito ante las autoridades judiciales, situación que generó malestar entre los socios.“Él (Mario Vialey) como miembro de la comisión de la cooperativa ha sido acusado por administración fraudulenta. El se ha presentado a la declaración y tomó conocimiento. Se ha dado lectura de una denuncia compleja que no se puede analizar si es cierto o no, y se va a esperar otras pruebas para hacer el descargo”, precisó al respecto el abogado de la defensa, José Reyes, en conferencia de prensa.Por su parte, los integrantes de la cooperativa yerbatera que asistieron al lugar se manifestaron disconformes con los actuado. “Aparentemente se presentó solamente un escrito. Nos deja una ventana abierta porque es muy importante que el nos de una versión de los hechos. Teníamos expectativa por esta declaración pero no se ha cumplido”, expresó Mirian Yachetsen, una de las socias de la COYAL en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.Comentó a su vez, que los denunciantes poseen pruebas de los presuntos desmanejos de la entidad y acusan al intendente Mario Vialey de ser “un irresponsable en el monitoreo de las cuentas de la administración que le competen supervisar en su carácter de síndico”. “Pensábamos que él (Mario Vialey) estaba dispuesto a colaborar de la forma más amplia. Queremos saber qué sucedió con los 10 millones de pesos, que ingresaron en el 2016 en concepto de ventas de yerba mate, de los que no tenemos ningún conocimiento de su destino. Ahora la cooperativa está inactiva”, advirtió Yachetsen.Asimismo, apuntó que ya tienen el dictamen del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), ente contralor de las cooperativas, a quien se le solicitó la intervención y del cual se espera una respuesta para la semana próxima, según adelantaron los socios.“El directorio del INAES se manifestó (el lunes) con la resolución que vamos a estar recibiendo en la semana. Esto es un paso enorme. Mientras tanto seguiremos buscando la transparencia de este consejo administrativo para determinar donde está el millonario faltante”, sostuvo Yachetsen.En el marco de la causa también se requirió un informe al Banco Macro de Apóstoles para conocer si se otorgaron préstamos a la cooperativa yerbatera, y de ser así los detalles de la persona que lo gestionó y el monto del crédito.
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