Hace casi 132 años, el 18 de diciembre de 1885, Domingo Faustino Sarmiento publicó un artículo en el diario El Censor -que le pertenecía- en el que escribió: ““El presidente Roca hace negocios y su hermano ‘ataliva’”.En su texto, Sarmiento denunciaba cómo el hermano del primer mandatario, llamado Ataliva, ofrecía tierras públicas a precios irrisorios y acumulaba la diferencia en las arcas familiares.El autor de Facundo convirtió un nombre propio en verbo para dar cuenta de que en la Argentina decimonónica ya había que ponerle nombre al cobro de coimas.A esta altura del siglo XXI, ese cobro de coimas sigue en el imaginario popular: cuatro de cada diez argentinos creen que es probable sobornar a un policía.Y ese oficial de las fuerzas de seguridad no está solo: el 36 por ciento de los argentinos ve probable coimear a un juez y el 40 por ciento asegura que se puede “adornar” al funcionario de un ministerio.Los datos se desprenden de un estudio que la consultora Latinobarómetro llevó a cabo en 18 países de América Latina, a través de 20.200 encuestas que realizó a mediados de este año.De ese total, 1.200 se hicieron en distintas ciudades de Argentina, y determinaron que el país se ubica en quinto lugar -detrás de Paraguay, República Dominicana, Venezuela y México- en cuanto a las probabilidades de corromper a varios tipos de funcionarios públicos que percibe la población.Sin embargo, la preocupación de los argentinos por la corrupción -siempre según Latinobarómetro- no es de las más altas de la región: aunque el 91 por ciento asegura que se sentiría obligado a denunciar un acto de corrupción si lo presenciara, sólo el 6 por ciento de los encuestados considera que se trata del problema más importante del país, por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza el 10 por ciento.“En general, la corrupción es un fenómeno que atraviesa a toda la región latinoamericana. Hace veinte o treinta años, era algo especialmente centrado en Argentina y México, pero ahora se ha expandido, por lo que se volvió un motivo de preocupación para la ciudadanía de distintos países”, sostiene desde Chile Marta Lagos, directora de la consultora.“Esa preocupación no se verifica en Argentina, tal vez porque conviven con la corrupción desde hace mucho tiempo, entonces no la consideran un problema”, agrega.Según indica el diario Clarín, en ese sentido, sólo el 36 por ciento de los argentinos cree que el Estado ha progresado en la lucha contra la corrupción, una cifra casi coincidente con el 35 por ciento del promedio regional.“Las democracias latinoamericanas han creado mecanismos para controlar que no haya hechos de corrupción y para ser más transparentes, pero los niveles de corrupción previos hacen que esto recién esté saliendo a flote”, enfatiza Lagos.Fuente:Nexofin
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