Objetivos poco claros

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, no se presentó el martes ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso, que lo convocó para que explique el decreto que se hizo público recientemente y que implicaría una virtual privatización de Vialidad Nacional. Como lo había hecho cuando la comisión lo había citado por otro nebuloso decreto que autorizaba a la cartera de Transporte a eliminar ramales de ferrocarril, ahora Dietrich también alegó “obligaciones impostergables” y dejó a la comisión cameral sin sus argumentos. Evitó así que el Congreso evalúe la transparencia y compruebe los alcances del polémico Decreto 794 del Ministerio de Transporte que creó la empresa “Corredores Viales SA”, que tendrá la función de participar en la gestión de todo tipo de obras viales en todo el territorio nacional y que replica un mecanismo de apertura al capital privado ya utilizado en el PAMI y otros organismo del Estado. Al no concurrir al Congreso, el ministro no sólo incumplió con un deber inherente a su cargo, el de facilitar la función de contralor que el régimen democrático asigna al Parlamento, sino que evita premeditadamente dar precisiones que permitan encausar el debate público. Respondiendo a otra tendencia habitual del gobierno de Mauricio Macri, Dietrich reemplazó el faltazo con declaraciones radiales imprecisas y de tono político, con lo cual se niega sutilmente información al ciudadano. El contenido del decreto causa natural preocupación en los trabajadores de Vialidad al incluir dos artículos que podrían dar lugar a un intempestivo cambio de régimen laboral. Es que el Decreto establece que los empleados de la nueva sociedad se regirán por el régimen laboral privado y, simultáneamente, autoriza el traspaso de operarios del ente estatal a la sociedad privada. Conociendo la precarización reinante, es comprensible la inquietud de los trabajadores y los gremios que los agrupan, que ven amenazados derechos y garantías inscriptos en la legislación vigente. Pero, además de la situación de los trabajadores y de la apertura pragmática a la acción de intereses privados en la esfera pública, otra disposición del decreto hace presumir objetivos poco transparentes.