El debate estará encabezado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 e intervendrá como fiscal Juan Patricio García Elorrio.El caso fue enviado a juicio oral en junio de 2013 por el juez federal Sebastián Ramos, quien concluyó la investigación por la que 26 personas fueron acusadas de no haber cumplido con sus funciones para evitar la tragedia. "El incumplimiento de los roles asignados a cada uno de los responsables, permitió configurar una situación tal que generó la tragedia a la que todos los involucrados hicieron su aporte", sostuvo Ramos en el texto con el que elevó la causa a juicio.La tragedia aérea ocurrió el 10 de octubre de 1997 cuando el avión McDonnell Douglas DC9-32, Matrícula LV WEG, que había partido de Misiones y se dirigía al Aeroparque Jorge Newbery se estrelló en el Paraje Sánchez, ubicado en las cercanías de la localidad de Nuevo Berlín, en Fray Bentos, Uruguay, con 69 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. El caso fue investigado por al menos tres jueces, hasta que quedó radicada la causa en el juzgado de Ramos, quién durante la instrucción del proceso orientó la investigación para establecer si entre las causas que originaron el accidente aéreo cabía asignarle responsabilidad a los encargados de la empresa y a los responsables de la Seguridad Aerocomercial de la Nación.La denuncia que dio origen a la causa fue impulsada por la familia de Viviana Rumachella, una azafata que tenía 34 años cuando se desencadenó el accidente aéreo en el que perdió la vida. En un principio, fue la madre de Viviana la que empujó la causa en los tribunales federales de Retiro y luego se le sumaron Silvina, la hermana de la azafata, junto a su marido el abogado Norberto Caputo. Los familiares de las víctimas se agruparon en una sola querella que desde un principio incluyó también a Daniel Vázquez, esposo de la comisario de abordo Susana Trotta y que al tiempo incorporó a Maria Elena Blanco, viuda del comandante Jorge Cécere.Tanto para las familias de los tripulantes como de los pasajeros (la querella engloba a unas quince personas), la empresa y los organismos de control son responsables de la tragedia porque consideran que la nave no estaba en condiciones de volar. Entre las distintas pruebas que surgieron durante la investigación se determinó que el avión no contaba con la alarma de color ámbar que se requiere para la precaución sobre fallas en el funcionamiento de la calefacción de los `tubos pitot", uno de los motivos del accidente. Esa y otras fallas generaron la presentación de otras denuncias por parte de los familiares de las víctimas, que buscan que se investigue, por ejemplo, que incidencia en la tragedia pudo haber tenido la privatización de Austral, dispuesta por el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).Fuente: Agencia de Noticias Télam
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