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Arrestan a organizadores del referéndum catalán y estallan las protestas en Barcelona

20 septiembre, 2017

La Guardia Civil española arrestó hoy a altos cargos del gobierno de Cataluña y registró varias sedes del Ejecutivo regional, en un operativo contra el referéndum unilateral de secesión del 1 de octubre, lo que elevó al máximo la tensión y disparó protestas espontáneas en Barcelona donde los ciudadanos desafiaron al Ejecutivo español al grito de "votaremos".El golpe policial tuvo lugar a 10 días de la fecha marcada para el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y fue considerado todo un acto de "agresión" del Ejecutivo central español del conservador Mariano Rajoy, al que el presidente catalán, Carles Puidemont, acusó de haber traspasado la "linea roja" que separaba a España de un "régimen autoritario y represivo". "La desobediencia de la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia", respondió el presidente del gobierno español Rajoy, quien reiteró que "hará cumplir la ley", por lo que recomendó a los independentistas catalanes que "cesen de sus actividades ilegales" porque el referéndum "ya no es más que una quimera imposible". A primera hora de la mañana, cumpliendo con órdenes de un juez de Barcelona, los agentes entraron en las oficinas del Departamento de Economía, Hacienda, Exteriores y Presidencia, y concretamente al Centro de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Atención Ciudadana, confirmaron a Télam fuentes del gobierno. El objetivo era desmantelar el sistema operativo -tanto material como informático- con que el gobierno catalán pretendía llevar a cabo la votación ilegal. En total, se produjeron 14 detenciones, entre ellas las de altos cargos del área económica que dirige el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras. El nombre más destacado es el de Jose M. Jové Lado, secretario general de Hacienda, quien al declarar solicitó un "habeas corpus" por considerar que su arresto es ilegal y recusó al juez, por ser el mismo que ordenó el operativo. "La causa está abierta por los delitos de desobediencia, prevaricato y malversación y son una veintena las personas que tienen la condición de investigadas", explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado. Además, se llevaron a cabo 41 allanamientos, uno de ellos a un polígono industrial de la localidad de Bigues i Riells, donde la Guardia Civil incautó casi 10 millones de boletas de votación, carteles con la leyenda "local electoral" y actas de listas numerada de votantes con la inscripción ’referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017’, informó el Ministerio del Interior español. Por otro lado, la Policía Nacional española intentó acceder a la sede del partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), los socios minoritarios del gobierno catalán, pero la alerta de sus dirigentes a los militantes a través de las redes sociales provocó una protesta tensa en el lugar, que logró paralizar el operativo hasta que fue abortado al caer la noche. Cerca de un millar de jóvenes, algunos sentados en el suelo frente a los furgones policiales y con claveles en las manos, celebraron el éxito con consignas como "fuera las fuerzas de ocupación" o "las calles serán siempre nuestras".La reacción ciudadana al operativo policial lanzado contra el referéndum, fue contundente desde el arranque de la jornada, cuando decenas de personas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía catalán, uno de los lugares donde se estaban llevando a cabo los allanamientos, con banderas independentista y al grito de "Votaremos" y "No pasarán". Mientras la protesta proliferaba en distintos puntos de la ciudad condal ante las diferentes sedes del gobierno allanadas por la policía, Rajoy afirmó desde el Congreso de Diputados de Madrid que el operativo "se ha hecho por decisión del juez" para que "se cumpla la ley". "Lo que hemos visto en Cataluña es un intento de liquidar la Constitución, algo que no tiene precedentes. Hay una gente que se está saltando ley, el propio Estatuto, y el Estado tiene que reaccionar", argumentó el líder del Partido Popular (PP) después de que el diputado Gabriel Rufián, de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), le exigió que "sacara sus sucias manos" de las instituciones catalanas. Sin embargo, tanto el gobierno catalán como las fuerzas de izquierda vinculadas a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideraron que el Ejecutivo central de Rajoy dio un paso sin precedentes en su deriva autoritaria respecto a Cataluña."El gobierno de Cataluña ha sido objeto hoy de una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior del gobierno español con el objetivo de impedir que el conjunto de catalanes se puedan expresar en libertad y paz el día 1 de octubre; y con el propósito de suspende la actividad del gobierno surgido de las urnas el día 27 de septiembre de 2015", dijo Puigdemont a través de un mensaje institucional desde el Palacio de la Generalitat. "El Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un Estado de excepción. Las libertades están siendo suspendidas y reprimidas", añadió. Tras condenar y rechazar "la actitud totalitaria y antidemocrática" del Estado español y de un gobierno que "ha enseñador el rostro intolerable", Puigdemont ratificó que el referéndum del 1 de octubre se va a celebrar y llamó a los catalanes a defender con su voto la democracia. Por su parte, Colau pidió a los barceloneses que salgan a la calle para "defender las instituciones catalanas y el autogobierno" de la "deriva represora" que, en su opinión, está protagonizando el Ejecutivo central de Rajoy, al que pidió que "rectifique", "devuelva el autogobierno" de Cataluña y abra una "vía de diálogo".Entrada la noche, miles de catalanes, en su gran mayoría independentistas, seguían concentrados en la zona de la sede del Departamento de Economía catalán de forma pacífica y festiva, mientras en otros puntos de España, en ciudades como Madrid y Bilbao, se producían concentraciones en solidaridad con los catalanes, animados por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el histórico líder separatista vasco Arnaldo Otegi. Fuente: Télam

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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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