Según cifras oficiales, al menos 352.000 personas son detenidas cada año en Estados Unidos mientras se espera el resultado de sus procedimientos migratorios, lo que cuesta aproximadamente 2.000 millones de dólares a los contribuyentes.Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU realizaron una misión a Estados Unidos en octubre de 2016 -cuando Barack Obama era presidente-, durante la cual visitaron centros de detención de inmigrantes, se entrevistaron con ellos y sus familiares, y mantuvieron reuniones con funcionarios de diversas entidades gubernamentales, según informó la agencia de noticias EFE.El resultado de ese relevamiento figura en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos y que indica que "la opinión del Grupo de Trabajo es que los actuales niveles de detención de inmigrantes demuestran un excesivo uso de los arrestos en este ámbito, que no pueden ser justificados por una necesidad legítima".El órgano de la ONU consideró, en cambio, que hay "incentivos económicos" que empujan a la detención de inmigrantes, en un contexto en el que alrededor del 44% de los inmigrantes arrestados están confinados en instalaciones subcontratadas."El Grupo de Trabajo observó que la subcontratación de compañías privadas era una de los elementos que facilitaba significativamente la expansión de los inmigrantes en custodia", debido a que las empresas obtienen más ganancias cuantos más detenidos tienen. "Urgimos que se interrumpa su utilización", señala el informe.Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU constataron además la inexistencia de evaluaciones individuales que justificasen la detención del inmigrante, el trato que éstos reciben y que es similar al de un delincuente, y los prolongados periodos de detención, que pueden superar un año.Los expertos dijeron que hay indicios de que con la detención se busca "disuadir a las personas de seguir migrando a Estados Unidos".Las alternativas a la detención pasan por el uso de brazaletes u otros dispositivos electrónicos de vigilancia, que el Grupo de Trabajo considera que deben reservarse a "contextos criminales".
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