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Juicio por el narcocamión: por falta de recursos el STJ no pudo colaborar en investigación

25 agosto, 2017

Por escrito, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia admitió ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, no contar con personal idóneo y recursos suficientes para colaborar en un análisis informático a dos números de telefonía celular, propiedad de Pablo Oscar Barrios, camionero que es juzgado por este cuerpo de magistrados por transportar cuatro toneladas de marihuana ocultas en un embarque de madera.La asistencia al STJ fue pedida por los jueces federales Norma Lampugnani, Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi, al finalizar la segunda jornada, jueves 17 de agosto, del juicio oral al acusado de 34 años.La respuesta del máximo estamento de la Justicia provincial fue firmada por Víctor Hugo Marinoni, al frente de la Secretaría General Administrativa y de Superintendencia del Palacio de Justicia, y leída ayer al culminar la etapa de testimoniales en el debate que se desarrolla en la sala de audiencias del Tribunal Federal, de calle Félix de Azara casi Catamarca.La nota remarcaba que los “insumos y personal idóneo” de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), dependiente del STJ, no eran suficientes para el auxilio solicitado por los magistrados federales misioneros.“El que nada teme…”La tercera jornada del juicio se inició con la declaración de Ariel Ernesto Hettinger, señalado por Barrios como propietario del aserradero de Puerto España donde, presuntamente, se cargó con droga y madera el camión Scania con semirremolque, descubierto por Gendarmería el 27 de agosto de 2016 sobre la ruta nacional 12 en Candelaria.Hettinger, de 40 años, sostuvo que trabaja como agricultor y que el aserradero a la altura del kilómetro 1432 de la ruta 12, zona conocida como Puerto España en Hipólito Yrigoyen, le había sido dado en comodato porque su propietario emigró a Buenos Aires.“Yo estuve el día que Barrios cargó el camión con madera en el aserradero. Pero la madera no era mía, era de un tal Andrade del que no recuerdo el nombre completo. Él me contrató por diez mil pesos para cortar dos cargas de rollizos que trajo. La cargué también al camión con un tractor que me prestó un vecino”, relató Hettinger.A partir de este punto se marcaron diferencias con la declaración de Barrios, quien aseguró que el tractor de carga se descompuso y él debió esperar una noche en Jardín América para que el embarque fuera finalizado y pudiera partir.Hettinger en cambio señaló que “la carga se terminó la misma tarde y por un problema de papeles el camión se quedó en el aserradero hasta el otro día y Barrios durmió en el vehículo”.También manifestó que “la madera la maquetó ese señor Andrade, era suya, él la ensunchó (precintó)”. Lo resaltó en relación a que no percibió que con las tablas aserradas se montaron cajas o “cunas” donde se escondieron las bolsas con el estupefaciente. “Lo único que hice fue prestar mi servicio, aserrar la madera de Andrade y cargarla al camión”, agregó Hettinger.“Por eso cuando sucedió esto (secuestro de la droga) fui a la comisaría de Puerto Rico e hice una exposición donde conté todo esto (…) porque el que nada debe, nada teme”, enfatizó el colono frente al interrogatorio de la fiscal Vivian Andrea Barbosa. También sostuvo: “Cuando Barrios cayó, pensé que era una joda (broma) pero me asusté cuando comenzó a llamarme para pedirme dinero. Cada dos días me llamaba y decía que debía ayudar a su familia”.A pedido de Lionel Forio, defensor de Barrios, Hettinger se careó con el acusado quien le dijo de manera directa: “Vos te presentaste como el dueño de la madera”, afirmación que rechazó el agricultor.El segundo y último testigo fue el comerciante transportista de frutas y verduras, Osvaldo Enrique Armoa (53), posadeño que reconoció que el camión que conducía Barrios era suyo, se lo había alquilado para un viaje porque el que él tenía se había fundido y solo le servía el semirremolque.Al cierre de la audiencia, Norma Lampugnani, presidenta del Tribunal, comunicó que el próximo lunes 4 de septiembre se emitirán los alegatos de parte y la sentencia correspondiente.

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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