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Misiones planteará a la Corte la nulidad de otras ocho leyes que retienen fondos

17 agosto, 2017

En los próximos días, el Gobierno de Misiones deberá concurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para presentar su postura por el reclamo que hizo la provincia de Buenos Aires de recuperar la totalidad del Fondo del Conurbano, unos 50 mil millones de pesos que se les quitarían a todas las otras provincias.En el caso de Misiones, el recorte representaría unos 3.000 millones de pesos al año, equivalente a dos masas salariales de la administración pública o la totalidad de lo que recauda Rentas en unos cinco meses.A raíz del impacto que esto generaría en la gestión provincial, el gobernador Hugo Passalacqua y algunos ministros están elaborando la estrategia de defensa, para llevar a la Corte y rechazar el reclamo.El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, luego de votar el domingo en Apóstoles dio indicios de la forma como proseguirá la defensa de los recursos provinciales. “Más allá de la respuesta formal que está por dar la provincia de Misiones en la demanda que está pidiendo la provincia de Buenos Aires, esto es Buenos Aires contra todas las jurisdicciones; seguramente vamos a rechazar pero también plantearemos la inconstitucionalidad de otras leyes por las cuales la Nación retiene fondos a las provincias incluyendo a Misiones y significa mucho dinero”, dijo el funcionario. “Estamos hablando de cerca de ocho regímenes por ejemplo: retención por IVA que va a la ANSeS, retención de ganancias, en su conjunto los ocho regímenes significan casi 4.000 de pesos por año que hoy no recibe Misiones y es mucho más de lo que perdería Misiones por el Fondo de Conurbano si se llega a fallar a favor de Buenos Aires”, explicó Safrán.En detalle, aclaró que “si la Corte llega a fallar a favor de la provincia de Buenos Aires son cerca de 3.000 millones de pesos que Misiones perdería, pero si se declara la inconstitucionalidad de estos ocho puntos que vamos a pedir, estamos hablando de 3.700 millones de pesos que Misiones recuperaría”.“Por eso la posición del Gobernador, pidiendo una audiencia con el presidente de la Corte Ricardo Lorenzeti, es para que la Corte se abstenga de discutir este tema, porque es un tema político que debe resolverse en el Congreso de la Nación donde están todas las provincias”, dijo el ministro encargado de Hacienda.Como una salida al tema, opinó que “Buenos Aires reciba una compensación por la desactualización del Fondo del Conurbano pero que no se le saque 3.000 millones de pesos cada provincia”.Otro de los regímenes que retiene fondos a las provincias es el Impuesto a Débitos y los Créditos (conocido como impuesto al cheque) cuya recaudación no se coparticipa, sin que exista un motivo válido. “La postura es que si vamos a discutir sobre distribución de recursos, discutamos todo”, indicó Safrán. “Creemos que estas cuestiones se deben dirimir en el Congreso, así como el Fondo del Conurbano y otras leyes de asignación específica de recursos fueron aprobadas en el Congreso con amplios consensos, lo que correspondería es que un reclamo de una provincia que podría ser justo se diera en el Congreso y no por un fallo de la Corte que muchas veces tienen tintes políticos”, finalizó el ministro. Qué es el fondo del conurbanoEl Fondo fue creado en 1992 para compensar la coparticipación que Buenos Aires había cedido en los 80. Es una caja millonaria que se nutre del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias de todo el país. En el año 1996 dejó de ser un porcentaje de 10% y se transformó en una suma fija de 650 millones de pesos (dólares). El sobrante, que era entonces marginal, se empezó a repartir a las demás provincias. Con el paso de los años, devaluaciones mediante, la recaudación de Ganancias creció pero la provincia de Buenos Aires se quedó con la suma fija de 650 millones de pesos. Mientras tanto las provincias fueron agrandando su porción de la torta.Actualmente la recaudación anual de Ganancias se estima por encima de los 500 mil millones de pesos, por lo tanto, el 10% que reclama la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal serían los 50 mil millones de pesos que hoy se reparten las otras 22 provincias. Pero además Vidal reclama una compensación por todos los años anteriores que la provincia no recibió los fondos, con una cifra de 250 mil millones de pesos retroactivos.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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