Un trabajo recientemente publicado por el sitio especializado Chequeado.com, reveló el bajo porcentaje de encuestas difundidas en los grandes centros urbanos o por medios “nacionales” editados en Buenos Aires, que cumplen con la legislación que las regula. Para muchos, es toda una novedad que exista una ley que determina la “legalidad” de las encuestas.En la Ley 26.571, aprobada en 2009 y conocida por haber instaurado las elecciones Primarias, también se reglamentan, entre otros aspectos, los partidos políticos, el financiamiento de las campañas y las encuestas. Chequeado.com recordó que: “Según esta ley, aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio de comunicación encuestas de opinión o prestar servicios de sondeo durante la campaña electoral deberán inscribirse primero en un registro de la Cámara Nacional Electoral”.“Pero esto no es lo único. Además, las empresas deberán presentar un informe donde se individualice quién realizó la contratación, el monto facturado y un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada (el tamaño y características de la muestra, cómo fue el procedimiento de selección de los entrevistados, cuál es el error estadístico y la fecha del trabajo de campo, entre otros datos)”, insistió el portal de investigación.Chequeado analizó 35 notas periodísticas publicadas en los principales medios web desde el sábado 25 de junio a la medianoche, cuando finalizó el plazo oficial para inscribir a los candidatos con miras a las elecciones Paso, hasta el sábado 11 de agosto. Estas notas, a su vez, hacían referencia a 45 encuestas o sondeos de opinión, ya sean nacionales, de la Provincia o de la Ciudad de Buenos Aires.De estas 45 encuestas que se difundieron en los medios, solo en 14 casos las empresas informaron tanto su metodología como el financiamiento a la Cámara Nacional Electoral. Es decir que apenas 31% de las encuestas publicadas por los medios en esta campaña cumplieron con la ley. A su vez, en estas elecciones y hasta el primero de agosto se habían inscripto 21 encuestadoras, de las cuales 13 informaron el financiamiento de sus encuestas. Sin embargo, diez pusieron que se trataba de financiamiento propio de la consultora y no informaron monto.
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