El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) presentó, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el caso de la comunidad Kokuereí, en el que, <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/250728/escandalo-por-violento-desalojo-de-una-comunidad-mbya-en-san-ignacio.html">el pasado sábado, cinco familias habrían sufrido un “violento desalojo” por “usurpar” tierras “privadas”</a>. Además, efectuaron denuncias penales contra el propietario y la Municipalidad, por considerarlos responsables. El hecho tomó trascendencia nacional, mediante la difusión de un video que mostró cómo hombres desarmaban, con machetes y motosierras, las viviendas de guaraníes que habitaban hace siete meses tierras reclamadas por un privado como dueño de las mismas. La intención de la presentación en la ONU es “instar a las instituciones que están obligadas -incluido el Poder Judicial- que se garanticen los derechos de las comunidades aborígenes. Porque, por lo que nosotros pudimos observar en esta situación, y en otras, si no se tiene visibilidad de lo que les pasa a las comunidades, puede pasarles cualquier cosa”, expresó a PRIMERA EDICIÓN, Roxana Rivas, abogada que lleva adelante el caso, en representación de las familias afectadas. “No hay activismo de parte de algunas instituciones para defenderlos. Este es un pedido más, para que se haga entender al Estado, las obligaciones y responsabilidades que le implica la intervención en las problemáticas que acechan a las comunidades indígenas; que no es lo mismo que otro tipo de comunidad, porque tienen sus derechos garantizados, particular y principalmente, por su condición de ser pueblos preexistentes. Eso es lo que nosotros pedimos y esperamos se resuelva”, aseguró. La abogada, desacreditó el accionar de algunas entidades, frente a lo sucedido, apoyándose en ello para justificar la necesidad de hacer visible la ausencia de algunas instituciones, en sus roles pertinentes. “Por ejemplo, la Policía no actúo, no intervino cuando Garay (el cacique de la comunidad Kokuereí) hizo la denuncia en la primera incursión de este hombre (haciendo alusión al propietario), que fue en marzo; el Poder Judicial, si es que en su momento tuvo conocimiento, tampoco intervino. Muchas veces permiten que pasen estas cosas incluso, a veces, no les toman las denuncias o toman como quieren. Esas son las instituciones que, particularmente, nos afectan, acá, en este caso puntual de la comunidad de San Ignacio”. Agregó que “acá lo que tuvimos es una conducta activa del Municipio en contra de los derechos de los aborígenes, para sacarlos de ahí. Que el propio intendente, reconozca que estuvo negociando para que se vayan de ahí…en calidad de qué, si ni siquiera él se atribuye que es el propietario. Eso, ya es un grave desconocimiento de los derechos que tienen las comunidades, es una gran falta de respeto a las culturas guaraníes, que tienen sus propias formas de resolver las cuestiones, sus propios derechos a decidir. Ellos no deberían estar soportando el hostigamiento, como lo estuvieron soportando, hasta ahora, por estas cuestiones. Ahí tenés un Estado presente, pero en contra de las comunidades, que es gravísimo”, manifestó ofuscada. La letrada dijo que la presentación ante la ONU, consistió en “un informe que hicimos desde el equipo de Endepa -de la provincia- incluyendo imágenes, principalmente el último video, que es donde aparece un funcionario de la Municipalidad con la camioneta oficial y en acción amenazante”, finalizó. “Disputa legal, no violenta”La abogada que lleva adelante el caso, Roxana Rivas, explicó que “si hubiera algún tipo de duda sobre toda esta problemática de tierras que nosotros no la tenemos, pero que la puede tener cualquier otro que lo dispute en una instancia judicial, que lo dispute como corresponde y no cuerpo a cuerpo, como hicieron con ellos, vulnerando todos sus derechos, aprovechándose de la situación, de su vulnerabilidad, que es propia de las comunidades, porque son comunidades que no tienen como práctica la violencia, ni para defenderse”, manifestó. También aclaró Rivas que “ellos están dentro del límite que la ley permite; y los títulos que pueden llegar a exhibir los supuestos dueños -que en este caso, ninguno hizo muestra de ningún título- la mayor de las veces son permisos de ocupación que les da el propio municipio o boletos de compra y venta, que se van pasando… ninguno de esos títulos, en términos jurídicos, son más validos que los que tienen las comunidades aborígenes que tienen un derecho preexistente, que lo reconoce la Constitución. Cualquier disputa sobre eso, lo tiene que resolver la Justicia, no cuerpo a cuerpo como se hizo”, afirmó Rivas.
Discussion about this post