Los resonantes casos de apeo ilegal de madera nativa en el Norte misionero “destaparon la olla” de un negocio silencioso y permanente que se desarrolla desde hace muchos años y que involucra a empresarios inescrupulosos y, necesariamente también, podría tener como involucrados a funcionarios del Ministerio de Ecología que deberían proteger el recurso natural.Las zonas más calientes son Andresito, San Pedro, San Antonio y El Soberbio. Varios especialistas del rubro, consultados por PRIMERA EDICIÓN creen que los propietarios de la tierra acordarían “por lo bajo” con funcionarios para realizar el apeo de madera prohibida sin ser “molestados”. Una prueba de ello es la denuncia presentada el año pasado por un inspector forestal contra sus propios colegas, quienes lo habrían amenazado para que deje de controlar en algunas regiones. Pero, por averiguaciones de este Diario, ahora surge un nuevo trasfondo que podría ser una pata importante del negocio oscuro. Se trata de las guías forestales, que son un documento necesario para el transporte de la madera.Altas fuentes de Ecología, muy cercanas a la oficina de la ministra Verónica Derna, revelaron que habría “manejos turbios” de las guías forestales y que desde hace muchos años “están bajo sospecha”. Los mismos funcionarios de este organismo creen que habría un sistema paralelo de guías que funciona en el Interior de la provincia y que permite transportar y blanquear madera que fue cortada en forma ilegal. Funcionaría así: las oficinas de control forestal del interior emiten guías para que se pueda transportar madera. Una vez que cruza por un control, la guía se le retira y se le otorga al conductor un certificado. Esa guía debería llegar al Ministerio de Ecología pero se sospecha que algunas quedarían en el camino y volverían al interior, donde son anuladas y luego reutilizadas. De esta manera, la madera que fue cortada de manera ilegal, violando leyes de protección ambiental y poniendo en peligro la fauna y la flora de la selva misionera, encuentra una salida elegante para ingresar al mercado donde vale muchísimo dinero. “Volver a usar la guía forestal es una maniobra típica. Si tienen rollos de una misma especie lo cargan y con una guía sacan varias cargas”, explicó un ingeniero forestal.Se calcula que una carga de camión de madera nativa en rollos, sin valor agregado, tiene un valor económico de unos 50 mil pesos como mínimo. En caso de ser palo rosa el valor se multiplica.Solo en la ruta 18 (terrada) cerca del Paraje Dos Hermanas (entre Colonia Victoria e Irigoyen) hace pocos meses se detectó un desmonte total, a tala rasa, de unas 200 hectáreas. El propietario no tenía autorización del Ministerio pero hay una firme sospecha de que por lo menos dos funcionarios de Control Forestal estaría al tanto de la maniobra, así como un cuestionado subsecretario del Ministerio que viene siendo señalado hace tiempo por manejos poco claros. Otro profesional del rubro consultado dijo que “con una misma guía se pueden sacar varias cargas si no los controlan bien o si ponen la fecha con lápiz. Entonces borran la fecha y con esa misma guía hacen varios viajes”.“Con el tema de que no hay correo, los negativos de los cupones de certificados forestales no están llegando en tiempo y forma a Posadas ni tampoco los cupones de guía madre. Eso está todo retrasado porque no tienen más correo. Entonces se lleva y se trae a criterio de cada uno, lo cual es una irregularidad tremenda”, agregó el informante.Las especies más buscadas son cedro, palo rosa, guayubira, pino paraná, guatambú, y la más valiosa palo rosa, algunas de las cuales alcanzan más de dos metros de diámetro y varios cientos de años.Un funcionario de Ecología contó que permanentemente hay problemas con las respectivas guías porque se encuentran incompletas, con falta de datos o circulación de noche o fin de semana con cargas de maderas. Un flagelo permanenteEn enero de 2016 un grupo de guardaparques detectó un apeo ilegal en inmediaciones del Parque Foerster y el propietario de la madera dijo que tenía un permiso “verbal” de dos empleados del Ministerio de Ecología. No se conoció ninguna acción administrativa del Ministerio por este delito. Extrañamente, a los dos meses del secuestro de esa madera, se produjo un incendio que arrasó con la casilla de control de los guardaparques y ellos creen que fue intencional aunque nunca se investigó en profundidad. Actualmente, un año después, siguen sin casilla y los controles provienen del Parque Urugua-í, dejando prácticamente la zona liberada.Otro hecho grave ocurrió el año pasado cuando el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, escribió una carta a la ministra Verónica Derna, denunciando las amenazas telefónicas que recibió el 15 de abril de parte de un empleado quien le advirtió que deje de realizar controles en la zona de Bernardo de Irigoyen porque “Vas a tener problemas con nosotros”.En los primeros meses de este año se detectó un desmonte en un lote pegado al Parque Urugua-í, sobre la ruta 18. Fueron unas 200 hectáreas sin autorización. La ministra informó que hay un sumario en marcha.Finalmente, en marzo el Ministerio de Ecología detectó un cargamento de madera nativa en el puesto fijo de San José sobre la ruta nacional 14. Fueron 42 metros cúbicos de Pino Paraná. Se procedió al secuestro de la “mercancía” pero luego se reintegró el rodado al propietario. También se fijó una multa de 20 mil litros de nafta, pero lo más extraño es que se calculó la multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en $5,59 cuando el litro de nafta oscila entre 18 y 20 pesos, con lo cual, se abarató la multa sin ningún tipo de explicación. La insólita sanción aparece en la Disposición 15 del 10 de abril de 2017, firmada por el subsecretario de Ecología, Juan Manuel Díaz. No se dio intervención a Bosques Nativos ni Asuntos Jurídicos. Piden informe al MinisterioLa Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elevó un pedido de informe al Ministerio de Ecología que conduce Verónica Derna solicitando que “el organismo a vuestro cargo provea información relativa a un suceso de desmonte en la provincia de Misiones del cual FARN tuvo conocimiento por información difundida en medios de comunicación locales, en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 26.331”. La organización ambientalista explaya que “la información ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado de las políticas implementadas, apreciando las previstas para el mediano y largo plazo. Asimismo, la información ambiental constituye un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participe en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generacio
nes”. “La FARN ha tomado conocimiento del desmonte de 400 hectáreas en una propiedad de 4 mil hectáreas, situada en el departamento Manuel Belgrano, sobre la ruta provincial 18. Esta propiedad se encuentra en el Corredor Verde misionero, cerca del Parque Provincial Urugua-í. La superficie aloja ejemplares de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial y es además una zona de nacientes de arroyos”, agrega Y “por ello se requiere la información detallada a continuación: 1) Se informe si para el caso de desmonte de referencia el organismo a su cargo ha abierto un expediente, y en caso de respuesta positiva, provea copia del mismo; 2) Se informe cómo se encuentra categorizada la zona donde ocurrió el desmonte de 400 has referido en el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos de Misiones, e informe quién es el titular de la tierra; 3) En caso de tratarse de una zona categorizada en rojo y/o amarillo informe si se había presentado sobre ella proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331, monto recibido y qué actividades estaban previstas; 4) En caso de no haberse presentado proyecto alguno para aplicar a los fondos de la Ley Nacional 26.331 respecto de las tierras donde tuvo lugar el desmonte de referencia, indique si el organismo a su cargo ha iniciado un proceso con el fin de identificar y sancionar al responsable del desmonte de las 400 has y en qué estado se encuentra dicho proceso”.La FARN?también “requiere saber si de tratarse de un desmonte autorizado, ha cumplido con la requisitoria de EIA y audiencia pública, el mismo prevé el cuidado de los bosques protectores de cuencas en la zona, si efectivamente tales bosques no fueron afectados por el desmonte referido ni lo serán por futuros permitidos desmontes, y cómo se ha ponderado el hecho que se encuentren las tierras en el Corredor Verde de la provincia”.La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental; por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 25.675. “De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 25.831 se formula reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o ante una respuesta parcial a nuestro pedido”, finaliza el documento enviado hace pocos días a la ministra Derna.
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