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Trump apunta al control militar y da un duro golpe a la economía cubana

17 junio, 2017

La extendida presencia militar en la administración de empresas estatales del turismo, comercio, finanzas, comunicaciones, construcción, transporte, no siempre en evidencia pública, está marcada por la discreción oficial en la isla.El turismo, que en 2016 logró la cifra récord de cuatro millones de visitantes, es el sector más dinámico de la economía, pues el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en 2015, puso a Cuba de moda."Las compañías bajo control militar hoy son decisivas para la operatoria de los servicios turísticos", dijo Pavel Vidal, economista cubano de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. En los anuncios de Trump el jueves en Miami sobre su política hacia Cuba, incluyó además una limitación a los viajes de estadounidenses a la isla.Generales sin uniformeDesde que sustituyó a su hermano Fidel en el gobierno, en 2006, Raúl Castro, hasta entonces ministro de las FAR, fortaleció las empresas estatales bajo administración militar y nombró a oficiales en diferentes puestos.Contando al propio Raúl, general de Ejército, en el selecto Buró Político del Partido Comunista (PCC, único) hay seis militares, igual número en el Consejo de Estado, y ocho ocupan puestos en el Consejo de Ministros.La presencia militar en la economía comenzó en la década de los 90 tras la desaparición de la Unión Soviética, en plena urgencia de obtener divisas. Las FAR crearon la Unión de Empresas Militares (UEM) para reparar su armamento soviético y fabricar armas ligeras, pues Moscú cortó su tradicional suministro.También formaron el grupo turístico Gaviota, que recaudaría recursos para el ejército. Poco tiempo antes, el ministerio del Interior había creado la corporación CIMEX (unas 80 empresas), para burlar el embargo estadounidense mediante operaciones bajo diversas fachadas.La UEM se convirtió en un laboratorio en busca de eficiencia y productividad de la empresa estatal, que abandonaba el modelo soviético, y sus experiencias denominadas "perfeccionamiento empresarial", se aplicaron en la industria civil.Esa Unión se transformó en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), que actualmente controla una veintena de empresas, entre ellas el grupo turístico Gaviota, la cadena de tiendas en divisas TRD, Almacenes Universales (administra el megapuerto del Mariel) y la financiera Rafin (copropietaria del monopolio telefónico Etecsa), entre otras.Gaviota posee más de 50 hoteles, (40% de las habitaciones en hoteles estatales de Cuba), cinco marinas para yates, mas de 25 restaurantes, cerca de 20 centros de recreación, compañías aérea, de taxis, de renta de autos, inmobiliarias, entre otras vinculadas al turismo.En los últimos años pasaron bajo el control de Gaesa la corporación Cimex, el Banco Financiero Internacional y Habaguanex, la antigua cadena hotelera y extra hotelera de la Oficina del Historiador de La Habana.Gestión discretaEl jefe de Gaesa, el general Luis Rodríguez López-Callejas, miembro del Comité Central del PCC y yerno de Raúl Castro, es un desconocido para la mayoría de los cubanos. No existe un registro de acceso público de las empresas administradas por las FAR, y Gaesa opera a una discreta distancia de la palestra pública."Sin carteles que indiquen negocios vinculados a las FAR en Cuba, difícil tarea para no violar regulación" de Trump, ironizó en un tuit Sergio Gómez, director de internacionales del diario oficial Granma."En vista de la presencia de militares cubanos en numerosas actividades productivas, es difícil imaginar que los lazos comerciales entre los dos países pudieran ser muy extendidos",  dijo Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de la Florida."Se ha planteado que el gobierno estadounidense elaboraría una lista de empresas cubanas que dependen mayormente de las Fuerzas Armadas", subraya Duany. En tanto Pavel Vidal dijo que hay que ver "como llevan a la práctica las nuevas políticas para medir su efectividad".Las medidas de Trump no tocan sin embargo el principal vínculo económico entre los dos países, y uno de los de mayores perspectivas, la venta de alimentos autorizada desde 2001.Alimport, la firma compradora, es del ministerio de Comercio Exterior, sin vínculo militar, y los mayores cabildeos empresariales estadounidenses respecto a Cuba, se mueven en el sector agro-exportador.Otras actividades básicas de la economía, como venta de servicios médicos, producción de medicamentos, níquel, azúcar, tabaco y ron, están fuera de la administración militar. No obstante, sostiene Vidal, Cuba "deberá buscar una alternativa pragmática al asunto y de manera inmediata", pues la expansión  militar en la actividad empresarial "era algo que había que corregir en algún momento".En medios académicos se barajan dos opciones: desintegrar Gaesa y pasar sus empresas a control estatal civil, o convertirlo en un grupo empresarial civil, para lo cual deberá asumir transparencia en sus informes financieros e inversiones, según Vidal.Fuente: Agencia de Noticias AFP/NA

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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