Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Misiones, que nuclea al 70% de los empleados sindicalizados de toda la provincia, advierten que “el 60% de los municipales está precarizado laboralmente”.“La precarización laboral no es más ni menos que la confiscación de derechos por parte del poder, que en este caso es el Estado. Queremos transformar la realidad de los trabajadores para que se terminen este tipo de injusticias, quienes para conservar su fuente laboral son presionados a actuar políticamente en función de los intereses políticos de los intendentes de turno”, señaló el secretario general de ATE en Misiones, César Fariña.Desde el gremio, que cuenta con 7.500 afiliados en la provincia y de los cuales el 50% son empleados municipales, sostienen que aquellos trabajadores de las comunas que integran algún sindicato integran casi en su totalidad la planta permanente.“El 98% de nuestros afiliados son trabajadores de planta permanente porque los monotributistas y demás tipo de contrataciones no se afilian por el temor que tienen de perder su empleo. Esta situación se repite y a su vez es independiente en cada municipio. Hay municipios que tienen el 80% de los trabajadores precarizados y hay otros, en donde el intendente tiene más poder, que tienen el 20%”, ilustró Fariña.Sueldos bajosOtra cuestión que los preocupa es el bajo salario con el cual subsisten estos trabajadores que prestan servicios en las comunas.“El Estado nacional se queda con el 75% de la recaudación, los gobiernos provinciales se quedan con el 21% y solamente el 4% es para los municipios. Así está distribuida la coparticipación. Entonces teniendo en cuenta la cantidad de municipios que tenemos, este dinero termina siendo insuficiente para atender la demanda salarial, necesitamos un presupuesto más federal”, explicó Fariña.En esta línea, el secretario general de ATE apreció que también es preocupante la creciente judicialización de los conflictos municipales, que en muchos casos llevó a juicio a trabajadores que salieron a manifestar por reivindicaciones laborales.“Tenemos en este momento 25 compañeros que van a juicio oral por reclamar mejoras salariales en Apóstoles, ya están para ir a juicio oral y estamos esperando la fecha. También tenemos seis empleados despedidos, incluyendo una delegada sindical, en la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”, ejemplificó.En consecuencia, sostuvo que el encargado de controlar estas situaciones de precariedad en el ámbito laboral es el Ministerio de Trabajo, sin embargo esto no ocurre. “Ellos tienen claramente una postura a favor de la patronal y no contamos con su apoyo para este tipo de fiscalizaciones”, protestó Fariña.Los más complicadosEsta situación de falta de garantías e incertidumbre en el ámbito laboral, por parte de monotributistas y contratados, es mayor sobre todo en aquellos municipios que no están sindicalizados.“Esto tiene que ver con el grado de organización sindical y con el tipo de disputas que se vienen dando. En la Municipalidad de El Soberbio, por ejemplo, no existen contratados, o muy pocos, porque estos compañeros vienen luchando desde hace muchísimos años y se han conseguido muchas reivindicaciones”, ilustró Fariña.En contraposición, acotó que en aquellas localidades donde no hay sindicatos “es otra la historia. En Misiones son 55 los municipios que cuentan con alguna representación sindical, de los cuales el 70% está representado por ATE mientras que el porcentaje restante pertenece a otro gremio”. Asimismo, estimó que “de la masa total de empleados municipales, solo el 40% está en planta permanente,y el 60% restante está precarizado”, detalló Fariña. Apuntó que un caso de lucha emblemática -aún latente- se dio en la localidad de Santa Ana, donde unos 17 trabajadores que habían sido despedidos de manera arbitraria recurrieron a la Justicia y lograron ser reincorporados. “Hubo una discusión política donde se debía determinar si los empleados respondían a un intendente (Pablo Castro) o una exintendenta (Mabel Pezoa). Nosotros como organización sindical queremos sacar del medio a los trabajadores y que dejen de ser usados con fines políticos”, enfatizó. Para evitar estos abusos y garantizar buenas condiciones laborales, Fariña dijo que es importante “avanzar con la confección de convenios colectivos de trabajo” y “se debe prever la cuestión presupuestaria, para nosotros el dinero coparticipable termina siendo injusto para poder discutir la situación salarial”, concluyó.IncertidumbreComunas como Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú y Oberá advierten distintas situaciones de inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía de condiciones laborales en el ámbito municipal.En Irigoyen, el edil radical Silvio Novelino declaró que “el presupuesto para personal aumentó de 7.440.000 a 13.092.000 pesos”, esto es, un 76% de aumento, mientras que el incremento salarial otorgado en 2016 fue del 25%. “Este aumento, otorgado en forma escalonada, representa aproximadamente un impacto del 18% anual (en el mejor de los casos) en el presupuesto de personal, es decir unos 1.340.000 pesos. Sin embargo se aumentó la ejecución presupuestaria en la partida de personal unos 4.000.000 millones más de lo esperado”, expuso el concejal. Precisó que, si bien desconoce el motivo, “podría deberse a un aumento de personal muy importante, lo cual el Ejecutivo ha negado o lo ha ocultado. Si hay otro motivo que signifique un aumento de sueldo diferenciado a personal jerárquico, tampoco lo sé, ni lo informaron”, consideró. Apuntó que en la comuna “hay cerca de 15 changarines a quienes se les paga 200 pesos por día y además están en negro; después están los monotributistas que estimamos que son cerca de 15 personas”. Afirmó que, a pesar de los pedidos de informe, “nunca nos brindaron los números exactos de estos empleados”. “En el ejercicio 2015 había 79 cargos cubiertos, en el 2016 unos 90 y en el 2017 aumentó a 114”, sentenció Novelino.En Puerto Iguazú, en tanto, la Carta Orgánica municipal determina que se debe destinar un 50% del presupuesto municipal a salarios de los trabajadores. “Estamos casi al límite, casi pasando el 50% del presupuesto en concepto de sueldos. Durante las últimas elecciones el intendente que perdió (Marcelo Sánchez) hizo pase a planta y nombramientos masivos. Luego la nueva gestión (Claudio Filippa) impugnó todos esos nombramientos porque la Ley de Empleo Público establece que la antigüedad se adquiere después de los seis meses”, recordó el concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Kevin Florentín. En ese entonces se despidió a 100 empleados y actualmente la planta total de empleados municipales está compuesta por 600 contratados, de los cuales 50 son del Concejo Deliberante. “Por todo esto impulsamos la creación de un estatuto del empleado para que los trabajadores puedan ascender, hacer carrera, cap
acitarse, y regular el pago de adicionales”, apreció Florentín. En Oberá, días atrás se registró un conflicto por el cual los trabajadores, que cumplen funciones en el sector de recolección de residuos reclamaron por la entrega del uniforme reglamentario para el trabajo bajo la lluvia. Por este hecho, interrumpieron el servicio, tras lo cual recibieron las capas aunque resta la entrega de las botas.
Discussion about this post