La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados va camino a cumplir 20 años. Nació en diciembre de 1998 con el objetivo de elevar hasta 2 millones de hectáreas la superficie implantada con especies forestales, de modo de que cediera al mismo tiempo la presión sobre los bosques nativos argentinos. A pesar de tanto tiempo transcurrido y de los millonarios recursos consumidos, el área boscosa se incrementó apenas en 500 mil hectáreas, para ubicarse actualmente en torno a 1,3 millones de hectáreas, un 60% de aquella proyección. Muchas son las razones que, tanto desde el sector público y el privado, se mencionan a la hora de explicar el evidente fracaso. Una coincidencia es que una vez más el problema fue interno, de los propios argentinos, y que no pueden buscarse culpables afuera. En igual periodo histórico, en rigor, Uruguay pasó de no tener forestación a contar con una superficie semejante a la Argentina y a exportar tantos productos de base forestal como nosotros carne vacuna. Chile, con mucha menos superficie disponible, llegó a su límite de 2 millones de hectáreas implantadas, exporta por us$6.000 millones, y comenzó a invertir en otros países de la región. Brasil, durante la presidencia de Lula Da Silva, se propuso crecer a razón de 200.000 hectáreas anuales y lo logró. Ya va por 6 millones de hectáreas forestadas. ¿Qué sucedió en la Argentina? Lo dicho: se creció a tasas muy reducidas a pesar de la gran disponibilidad de tierras aptas y la existencia de una política de estímulos que prometía a los nuevos forestadores una serie de beneficios fiscales y hasta reintegrar el 80% de los costos de implantación en el caso de proyectos de hasta 300 hectáreas y el 30% para los que llegasen a 500 hectáreas. “Ya vamos por 16 o 17 años de aplicación de la ley y hay un poco más de 500 mil hectáreas nuevas. No son los objetivos que nos habíamos propuesto, aunque no es cierto que no avanzó nada”, estableció la subsecretaria de Desarrollo Foresto-Industrial, Lucrecia Santinoni. En esa área, la responsable de ejecutar los planes forestales, vienen manteniendo reuniones con el sector privado para corregir algunos aspectos de la vieja ley, ya que la misma debe renovarse cada diez años y vencerá a fines de 2018. Un punto de acuerdo alcanzado con los miembros de la Asociación Forestal Argentina (Afoa) es que hay que revisar especialmente las políticas para atraer inversiones industriales hacia el sector. Este ha sido el punto más flaco de la política forestal y la Argentina solo agrega valor a la mitad de la madera que produce. Además se mantiene un elevado déficit comercial en este rubro. Según datos oficiales, en 2016 las exportaciones cayeron una vez más y se ubicaron en us$ 548 millones (la mitad de seis años atrás). Las importaciones, en tanto, totalizaron unos us$ 1.315 millones, más del doble. “En la renovación de la ley hay que incluir otros objetivos, porque el objetivo inicial de ampliar la superficie forestada se queda corto y tiene que estar previsto también incentivar una industria que demande la materia prima. Si toda la cadena no está aceitada en algún momento eso te tira todo para atrás”, aseguró Santinoni. Claudia Peirano, directora ejecutiva de Afoa, recuerda que en los últimos diez años los países vecinos recibieron un flujo de inversiones (básicamente en el sector de la celulosa) por us$ 25.000 millones, mientras que en la Argentina quedaron truncos varios proyectos, espantados sobre todo por el conflicto que se desencadenó con la instalación de la empresa Botnia a orillas del Río Uruguay, en Fray Bentos. Recién ahora vuelven a aparecen algunos proyectos en el horizonte, como el de una planta de papel marrón para envoltorio en Ituzaingó, Corrientes, que demandaría us$ 500 millones. Pero está en pañales y espera señales políticas de estabilidad en las reglas de juego. Pero hay muchas cosas para revisar además de posiciones políticas locales. Otra de las razones del bajísimo avance del área forestada ha sido el constante atraso en los pagos de los subsidios prometidos a los forestadores. En los últimos años, el stock de deuda llegó a superar los $ 400 millones y los atrasos para devolver el dinero invertido por los productores llegaron hasta 10 años. “Con la inflación y el absurdo descuento por Impuestos a las Ganancias, en el mejor de los casos el forestador recuperó 30%. No era lo que le había prometido la ley”, dijo Peirano. Un caso insólito fue el de la Provincia de Buenos Aires, cuyos planes no se aprobaban por la demora en emitir una regular sobre sus bosques nativos y definir las “áreas verdes” sobre la cual podía implantarse especies comerciales. Desde Agroindustria ahora prometen regularizar la situación para el ejercicio 2018. Para ese momento, además, el Congreso debería dictar una legislación revisada. Todo indica que será entonces el momento para dar una vuelta de página. Fuente: Telam Agropecuario
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