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Los balances 2016, marcados por ajustes e irregularidades en varios municipios

22 mayo, 2017

A nueve días de que expire el plazo para la presentación de las rendiciones del presupuesto 2016 en las comunas misioneras, los ediles de cada localidad se aprestan al análisis detallado de los balances enviados a los concejos deliberantes por los intendentes. En este contexto, en Apóstoles, Oberá, San Vicente y San Pedro trabajan para la aprobación de los informes, los cuales -advierten- se vieron afectados por la crisis económica, mientras que en Bernardo de Irigoyen y Puerto Rico se detectaron inconsistencias y pidieron informes al respecto. Es que el artículo 110 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en su inciso 5, determina que las localidades deben “presentar al Concejo y remitir al Tribunal de Cuentas antes del 31 de marzo, la memoria y balance financiero del ejercicio anterior”. Cuando un municipio no cumple con este requerimiento, “el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de hacer un cargo pecuniario al intendente y a los responsables que tenga la comuna, ya sea, tesorero o contador”. En este sentido, en Apóstoles ya aprobaron los balances del presupuesto 2016 sin mayores objeciones y aseguraron que el “año pasado no superaron los gastos estipulados”, ya que “se ocuparon ajustadamente todas las partidas”.“Nosotros siempre tratamos, en primer lugar, de no aumentar el presupuesto del Concejo, y segundo tratamos de ocupar ajustadamente todas las partidas. El año pasado no se ocuparon los 3 millones de pesos presupuestados para el Concejo, este año vamos a mantener este monto. Obviamente hubo incrementos en los haberes de los municipales, pero fuera de eso no hemos tenidos gastos extras”, enfatizó el presidente del cuerpo, Fabián Skuarek. Y sostuvo que si se pasan de lo presupuestado, “perjudicamos a las obras que se pueden hacer en la comuna”, señaló. La oposición local manifestó que hace principal hincapié en el control de las contrataciones. “Nosotros desde el Concejo tenemos un presupuesto íntimo a lo que es el presupuesto anual municipal en donde están los sueldos de los tres empleados, de los cinco concejales y una caja mensual de 4.000 pesos por mes para gastos propios. Irregularidades no puede haber porque no hay caja para eso, todos los concejales estamos al tanto de lo que se gasta”, precisó el concejal Gastón Caballero, de Unión Popular.  A su turno, desde el Concejo de Oberá precisaron que el informe de los gastos del 2016 todavía se encuentra en comisión y no hubo avances en lo que a su análisis respecta. Trascendió que se prevé la visita del contador municipal, que se encargará de brindar este lunes detalles sobre el informe a los ediles.Déficit y ajustesEn San Vicente, la comisión de presupuesto del deliberativo local encargada de analizar el balance 2016 está compuesta por tres ediles, ellos son el titular del cuerpo y presidente de la mencionada comisión, Ernesto Muchewicz, el edil por la renovación, Víctor Núñez, y la concejal del Proyecto Agrario y Social (Pays), Romina Bauer.“Antes de aprobar algo me gustaría escuchar al contador del municipio, Cesar Antonio Ramírez, para que aclare algunos puntos, ya que no tenemos asesor contable para que nos explique”, argumentó Núñez, edil renovador por un sublema opositor a la gestión del intendente Waldomiro Dos Santos. “Tenemos hasta fin de mes para aprobar el balance del año pasado, pero también es cierto que podemos pedir una prórroga. No descarto que eso ocurra. Me interesa entender todos los gastos que tuvo la Municipalidad”, señaló Núñez. Meses atrás trascendió que San Vicente cerró el año con un déficit financiero de 6 millones de pesos. Según el informe financiero de diciembre, Dos Santos consolido una millonaria deuda que mostró un aumento de un millón y medio de pesos con respecto al año anterior.  Posteriormente, en marzo se envió al Concejo el balance 2016. El detalle de los gastos, al que accedió PRIMERA EDICIÓN, expresa que se ejecutó cerca de 83 millones de pesos, esto es apenas un 40 por ciento de lo estimado para ese período, que fue de 122 millones de pesos. La reducción más significativa de los gastos fue en materia de Obras Públicas, ya que de 47 millones de pesos presupuestados, solo se ejecutó 5 millones. Las fuentes precisaron que se trataban de proyectos que se habían acordado con el gobierno kirchnerista, pero quedaron truncas con el cambio de autoridades. Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Cristian Cristaldo, contó que el 24 de mayo se votará el balance en una sesión especial como la establece el reglamento interno, por ende se encuentran trabajando para analizar todas las rendiciones. “Se ha recaudado menos de lo previsto, pero se logró cumplir con los sueldos en tiempo y forma”, destacó.Inconsistencias en los balancesLos balances de presupuestos presentados en Puerto Rico y Bernardo de Irigoyen generaron dudas en sus respectivos concejos deliberantes, por lo cual los ediles opositores elevaron distintos pedidos de informes al Ejecutivo municipal para conocer el detalle de obras y gastos realizados.Es que si el Concejo Deliberante de Puerto Rico ya aprobó por unanimidad el informe de gastos 2016, todavía no quedaron claros algunos puntos. “Luego de reunirnos con la contadora se aprobó sin problemas el balance del año pasado, sin embargo esperamos reunirnos con el intendente (Federico Neis) mañana a fin de aclarar los números relacionados con la remodelación de la Plazoleta de la Madre”, contó a PRIMERA EDICIÓN el concejal renovador Marcelo Raimondi. Cabe recordar que la remodelación de esta plazoleta fue un escándalo desde el primer momento, ya que contó con un presupuesto poco claro, es por ello que los ediles esperan que el jefe comunal aclare los números de una vez por todas.Además, indicaron que todavía persisten incomodidades en cuanto a lo presupuestado para la última edición de la Expo Puerto Rico, de la cual se adeudan los balances. Otras inconsistencias se deben a la llegada de fondos de la Nación para obras en el municipio que nunca se realizaron; y al estado de la obra de la terminal de ómnibus, todavía inconclusa, que una vez más es objeto de cuestionamientos.“Hay obras públicas que nos generan dudas sobre lo que se ha ejecutado y lo que se ha facturado. Hay desidia en proyectos que fueron abandonados o nunca se terminaron como el caso de la terminal de ómnibus de Puerto Rico, donde se puso mucho dinero pero desde gestiones anteriores está en un 70 por ciento de avance”, precisó el concejal radical, Osvaldo Gillij.Añadió que actualmente la construcción está paralizada, ya que, según manifestaron, “hubo malos movimientos y parte de la obra no fue certificada”. “Como hubo dudas, hemos presentado un pedido de informes para saber al respecto”, sentenció Gillij.Información públicaEn el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, en tanto, el balance del proyecto de presupuesto 2016 todavía se encuentra en comisión, y según apuntó el concejal radical Silvio Novel
ino, ya presenta serias incongruencias.“Hemos encontrado obras que no han finalizado todavía, contrataciones directas, por montos superiores a los que marcan la ley y proyectos que fueron entregados a familiares directos de funcionarios municipales”, enumeró el edil.Comentó que en esta gestión actual, por ejemplo, “hay una obra de siete cuadras de empedrado que ya se tenía que haber concluido”. “Se trata de un proyecto por un total de 742 mil pesos en el barrio Vista Alegre. En la gestión anterior se inició la construcción, se cobró 285 mil pesos, con lo que se hizo cuatro cuadras de empedrado y tres cuadras de cordón cuneta. Esta gestión sin embargo recibió el año pasado 477 mil pesos para finalizar la obra y no hizo nada, no sabemos qué hicieron con esos fondos”, describió Novelino.Por todo esto, el edil precisó que para esta semana esperan la visita del contador municipal para que explique entre otras cosas la recaudación de la terminal de ómnibus correspondiente al toque de andén y alquiler de locales en dicho espacio; el gasto en concepto de alquileres de edificios municipales; el gasto en publicidad y propaganda; la cantidad de licencias de conducir emitidas; y el estado de cada una de las maquinarias del parque automotor municipal.“Presenté pedidos de informes sobre distintas cuestiones para ampliar el balance aunque no avanzaron porque los otros ediles pretenden que vaya oficina por oficina recavando la información, así que recurrí a la Ley de Acceso a la Información Pública para conseguir la información que me permita contar con todos los elementos para emitir mi voto”, advirtió Novelino.

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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