La fiscal Nº1 del Fuero Universal de Puerto Rico, Mabel del Rosario Luna, presentó un recurso de Casación solicitando que se revise el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia que le rechazó una apelación y dejó firme la sentencia de primera instancia, sobreseyendo a cuatro funcionarias de la Justicia que fueron denunciadas penalmente en el marco de una presunta apropiación indebida de un bebé.La fiscal sostiene que los integrantes de la Cámara de Apelación, Ricardo Venialgo y Marisa Ruth Di Laccio incurrieron en “inobservancia de la doctrina jurisprudencial” en su rechazo a la apelación porque, según ella, se constata “inobservancia o errónea aplicación de la ley” al no sustentarse la resolución en “los numerosos elementos probatorios aportados y traídos al expediente”.La casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales.La denuncia penalLas cuatro funcionarias denunciadas fueron Norma Matoffi, jueza puesta en funciones por el STJ a pesar de tener la causa en trámite; Mariela Cañete, secretaria administrativa del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad; Alina Lorena Cardozo, defensora oficial y Graciela Catalina Núñez, designada Defensora Oficial.La fiscal Luna las denunció para determinar las responsabilidades o participación de las cuatro en una supuesta entrega irregular de un bebé a una persona que no estaba en la lista de adoptantes durante el mes de enero. En particular, se indaga si tuvieron o no responsabilidades en la tramitación de los documentos para cumplir el proceso.El Juez de Primera Instancia las sobreseyó. La Fiscal apeló pero la Cámara rechazó ese planteo. Por eso ahora impulsa el recurso de Casación para que se revise el rechazo de la segunda instancia.El Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia quedaron expuestos a los cuestionamientos en este recurso porque ninguno de los dos organismos tuvo en cuenta que Matoffi tenía una denuncia penal y sumarios; pese a todo ello la nombraron jueza, cuando el reglamento establece impedimentos y podría desatar una ola de recursos de quienes fueron impedidos de participar en concursos por sumarios.La Fiscal sostuvo que las funcionarias, al constatar la presunta entrega irregular del bebé, no denunciaron el hecho. También que hay indicios de adulteración de un documento en el Registro de las Personas. Y cuestionó a los integrantes de la Cámara porque no consideraron las pruebas existentes en el expediente para rechazar su apelación. Luna sostuvo que se ordenó la práctica de una audiencia sin su presencia, estando obligada a estar presente. Por otra parte, cuestionó el hecho de que se libre oficio al Registro de las Personas a fin de inscribir el nacimiento de una menor por quien no fueran sus progenitores; y el hecho de que se haya recepcionado el escrito de una medida de protección de personas respecto de una menor que tiene madre biológica en la misma localidad y cuyo domicilio es conocido.“Considero que, con lo dicho se ha demostrado que no ha existido razonabilidad en el decisorio, que resulta por ende arbitrario y constituye motivo para el acogimiento de la pretensión casatoria, indica la Fiscal en su presentación. Desde la presentación hay tres días para la admisibilidad de la Casación, lo deben estudiar entre cinco y diez días y llamar a la Fiscal a sostener su presentación. Después le deben correr vista al Procurador General del STJ que dictaminará (no es vinculante su opinión); y por último al Superior Tribunal de Justicia. En caso que el STJ le rechace el recurso, quedaría como última instancia un Recurso Extraordinario Federal.
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