Finalmente, la titular de la fiscalía en turno de esta ciudad, Patricia Inés Clerici, postuló la incompetencia por razones de turno en relación al insólito pedido de investigación penal que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones?impulsó contra los tres jueces que excarcelaron a los transportistas tras ocho años sin condena firme. Ahora será el magistrado Carlos Giménez quien deberá dirimir la cuestión.Así lo pudo saber PRIMERA?EDICIÓN mediante fuentes cercanas a la causa, quienes confirmaron que la responsable de la Fiscalía de Instrucción 7 se declaró incompetente -tal como había adelantado este medio- debido a que el episodio en cuestión efectivamente tuvo lugar el miércoles 5 de abril, es decir, en el turno judicial anterior al suyo. En Posadas, cada Juzgado atiende un mes y Clerici es responsable de la acusación de Primera Instancia en el fuero penal desde el 1º al 31 de mayo.De todas maneras, al tratarse de un dictamen no vinculante, la última palabra la tendrá el juez Giménez, al frente del Juzgado de Instrucción 7, también en turno durante mayo. El magistrado tiene dos opciones: puede inhibirse en base a los fundamentos abogados por la fiscal o, por el contrario, abocarse y abrir una investigación penal. En el primero de esos casos, se supone que el pedido de investigación impulsado por el STJ quedará en manos de la Fiscalía de Instrucción 6, a cargo de Martín Rau, que estuvo en turno durante abril. La resolución podría conocerse en las próximas horas.Como este Diario publicó en su momento, aquel 5 de abril Fabio Durán (37) y Lucía Olmo (63) fueron excarcelados por resolución del Tribunal Penal 2, conformado por los magistrados subrogantes César Jiménez, Marcelo Cardozo y César Yaya, tras una espera que ya lleva más de ocho años sin sentencia firme.Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a veinte años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. El 19 de diciembre de 2013 la defensa presentó un pedido de excarcelación que “durmió” más de tres años en el STJ, incluso pese a que el fiscal ante el Tribunal, Rolando Oliva, había opinado favorablemente al trámite justamente en virtud de los años que llevaban presos los condenados sin sentencia firme.“Estamos hablando del encarcelamiento de dos seres humanos que no han sido condenados de manera firme, osea que ni siquiera sabemos si luego de un nuevo pronunciamiento deberán cumplir pena alguna”, opinó Jiménez, quien presidió el Tribunal para la ocasión.El voto del titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 se apoyó en la propia Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales. “Estas reglas no son meras sugerencias que los jueces podemos elegir entre el abanico interpretativo, sino que nos obligan como representantes del Estado y, en definitiva, pueden repercutir en responsabilidad internacional”, sentenció Jiménez. Cardozo y Yaya coincidieron con esa perspectiva, basada en la misma jurisprudencia utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por ejemplo- en los casos Carrera o Grassi.Sin embargo, pese a aquellos fundamentos y a que el caso está en pleno análisis de la Corte por estas horas, el STJ primeramente solicitó un llamativo pedido de informes y luego, tras ordenar un sumario administrativo, impulsó un insólito pedido de investigación penal a los fines de establecer si los tres jueces incurrieron en algún tipo de delito.Esa reacción unió a referentes de las posiciones más distintas, quienes se pronunciaron en contra de lo que muchos consideraron una “persecución” que viola incluso el artículo 140 de la Constitución de Misiones, donde se establece que los jueces “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes”.El episodio tomó repercusión nacional, al punto que distintos diarios de Buenos Aires se hicieron eco de la situación, que incluso llegó a la Corte Suprema mediante una nota enviada al máximo órgano judicial del país por parte de la Asociación?Pensamiento Penal."Intimidación"Sobre el pedido de investigación del STJ a los jueces que otorgaron la excarcelación a los transportistas, el abogado del fuero local Eduardo Pareces brindó su opinión al respecto en diálogo con PRIMERA?EDICIÓN. “Es una intimidación para el resto de los jueces. Cuando un tribunal por fin dicta un fallo adecuado, que los casos son poquísimos, le meten presión al resto de los jueces”, opinó Paredes, quien explicó entonces que el STJ “tiene facultad de superintendencia administrativa, osea que no puede tener injerencia en los fallos, salvo cuando se abren recursos, algo totalmente diferente”.Al respecto, el letrado indicó que existen pocos antecedentes similares a nivel país. “Uno de los únicos antecedentes fue en los noventa, cuando la propia Corte intervino arbitrariamente en algunas causas. Eso es algo que aún hoy se critica duramente y que nunca más volvió a pasar”, recordó.Por último, Paredes llamó a una interesante reflexión. “Debemos definir qué modelo judicial se quiere en la provincia. Cuestiones como estas desprestigian a la provincia. Y en ese sentido, el cambio pasa por decisiones políticas”, resumió el entrevistado.
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