Más de un mes después de que los transportistas Fabio Durán (37) y Lucía Olmo (63) recibieran la excarcelación extraordinaria tras ocho años de mora judicial sin sentencia firme, el caso volvió a generar polémica ayer, ahora por medio de un insólito pedido articulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones para que se investigue si los jueces que resolvieron al respecto incurrieron en algún tipo de delito.El llamativo episodio generó controversia, tal como sucedió el día después de la liberación de los transportistas, una vez que el alto órgano exigió informes a los magistrados en cuestión. Aquel pedido derivó en una dura crítica de la Asociación Pensamiento Penal (App), que elevó actuaciones al respecto ante la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre lo que consideró una “presión sobre los jueces” del caso (ver nota relacionada).Al decir de las fuentes, la presentación se realizó durante los primeros días de esta semana ante la fiscalía de Instrucción 7 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas y a cargo de la letrada Patricia Inés Clerici.Según pudo saber PRIMERA?EDICIÓN, el STJ promovió así una investigación a los fines de establecer si los magistrados César Raúl Jiménez, Marcelo Alejandro Cardozo y César Antonio Yaya incurrieron en algún tipo de delito al momento de conformar el Tribunal Penal 2 de la capital provincial para resolver sobre la demorada excarcelación de Durán y Olmo.La requisitoria encendió la polémica en los pasillos de la Justicia provincial, en virtud de lo que muchos consideraron una “intromisión” del alto cuerpo ante la resolución en cuestión. El episodio seguramente dejará mucha tela para cortar.Como este Diario publicó en su momento, el miércoles 5 de abril Durán y Olmo fueron excarcelados por resolución del TP 2, conformado por los mencionados jueces, tras una espera que ya lleva más de ocho años sin sentencia firme.Madre e hijo fueron condenados en noviembre de 2011 a veinte años de prisión por el abuso de dos niños de 4 y 5 años, clientes del transporte escolar que manejaban. El 19 de diciembre de 2013 la defensa presentó un pedido de excarcelación que “durmió” más de tres años en el STJ, incluso pese a que el fiscal ante el Tribunal, Rolando Oliva, había opinado favorablemente al trámite justamente en virtud de los años que llevaban presos los condenados sin sentencia firme.“Estamos hablando del encarcelamiento de dos seres humanos que no han sido condenados de manera firme, osea que ni siquiera sabemos si luego de un nuevo pronunciamiento deberán cumplir pena alguna”, opinó Jiménez, quien presidió el Tribunal para la ocasión, en abril pasado. El voto del titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 se apoyó en la propia Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales. “Estas reglas no son meras sugerencias que los jueces podemos elegir entre el abanico interpretativo, sino que nos obligan como representantes del Estado y, en definitiva, pueden repercutir en responsabilidad internacional”, sentenció Jiménez. Cardozo y Yaya coincidieron con esa persepectiva, basada en la misma jurisprudencia utilizada por la Corte Suprema -por ejemplo- en los casos Carrera o Grassi.Así las cosas, lo cierto es que desde la fiscalía en turno se solicitaría la inhibición de la competencia en virtud de que la excarcelación a los transportistas fue otorgada en mes pasado, en el turno anterior. Este parece ser, apenas, el primer capítulo de una larga serie de idas y vueltas.
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