Desde el 5 de abril se encuentra en funciones como jueza de Familia de Puerto Rico la abogada Norma Matoffi, quien fue denunciada el año pasado por la fiscal Mabel del Rosario Luna, por incumplimiento de deberes de funcionario público, junto a otras tres funcionarias judiciales.Aunque su responsabilidad fue descartada en primera instancia, la Cámara de Apelaciones todavía no la sobreseyó. Así, el Superior Tribunal de Justicia puso en funciones a una jueza que todavía tiene una causa penal abierta.Matoffi tomó juramento el 14 de diciembre pasado y luego le decretaron una feria extraordinaria hasta el 4 de abril, debido a que el edificio donde funciona su Juzgado no estaba en condiciones ni tenía los recursos para operar, como el personal, mobiliario y librería.La historia de la denunciaNorma Matoffi era secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad y su pliego como magistrada fue aprobado por la Legislatura provincial en la sesión del pasado 7 de julio, junto a una veintena de nombramientos en el Poder Judicial.La denuncia iniciada por la fiscal Luna, buscó determinar las responsabilidades o presunta participación de algunos funcionarios judiciales en una supuesta entrega irregular de un bebé a una persona que no estaba en la lista de adoptantes durante el mes de enero de 2016. En particular, se indagó si tuvieron o no responsabilidades en la tramitación de los documentos -con presunta falsificación- para cumplir el proceso.La denuncia involucró además a Mariela Cañete, secretaria administrativa del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad; Alina Lorena Cardozo, defensora oficial y Graciela Catalina Núñez, quien era secretaria de la Defensoría. Esta última fue designada más tarde como Defensora Civil y de Familia.Lo que resulta irregular, según la opinión de dos funcionarios judiciales consultados, es que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán “Tato” Zarza puso en funciones como jueza a una funcionaria que todavía tiene una causa penal abierta y no fue sobreseída. Entonces ¿qué pasará si la Cámara de Apelaciones revierte el fallo de primera instancia? Este caso tuvo inicio el 22 de enero de 2016 con el nacimiento de una pequeña en la clínica Imsa de Puerto Rico. La beba fue entregada a una pareja que, dos meses después, se presentó en el Juzgado para que sea reintegrada a su familia biológica. No quedó claro si los adoptantes se arrepintieron o fue su madre biológica la que reclamó la tenencia. Tampoco se clarificó si los arrepentidos tuvieron que entregar dinero para tener a la bebé.
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