El femicidio del que fue víctima la joven Micaela García, uno de cuyos autores fue Sebastián Wagner, según confesión del propio acusado, reabrió el cauce de un recurrente debate al conocerse que Wagner cumplía una condena por violación y se encontraba gozando de una salida transitoria en el momento del crimen. Causó indignación, además, que el juez que le otorgó el permiso había sido advertido de la inconveniencia de permitir la libertad del recluso por un informe de especialistas que analizaron su conducta en el ámbito carcelario, pero optó por concederle el beneficio.El Gobierno nacional respondió con el envío de un proyecto de reforma de la Ley 24.660, que regula las salidas transitorias de presos por delitos graves, en tanto que el presidente Macri, personalmente, condenó desde un principio la conducta del juez, Carlos Rossi; y el viernes volvió a mencionarlo al hablar del proyecto de ley. El primer mandatario criticó la llamada “puerta giratoria” y destacó que menos de tres de cada mil detenidos cumplen prisión efectiva “es decir, los pocos que condenamos le inventan la vuelta para que estén en la calle antes de que terminen la condena”, enfatizó, tras lo que pidió que los jueces “entiendan su rol” y “se hagan cargo”.Es difícil en el grave contexto actual no coincidir con la necesidad de leyes más contundentes frente a los femicidios en particular, y a los delitos sexuales en general; sin embargo no se trata de enjuiciar desde lo mediático la actuación particular de un magistrado, al menos sin una previa investigación. Los femicidios y violaciones constantes denuncian una situación de emergencia que exige medidas severas y que vayan al fondo de esta profunda problemática, pero no parece acertada la condena parcializada de la labor judicial en un marco en el que sea prioritaria la decisión política.
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