Un empleado municipal de Puerto Piray comenzó un reclamo contra el intendente Jorge Lezcano y exige que se le devuelva su puesto de trabajo y la oficina que utilizaba en el edificio comunal. El trabajador denunció públicamente que el alcalde empezó una “persecución” en su contra por no pertenecer al espacio político oficialista en ese pueblo. Se trata de Vicente Balbuena, quien comentó a PRIMERA EDICIÓN que desde hace un par de meses lleva adelante una protesta, de manera pacífica, en un corredor del edificio de la Municipalidad de Piray. “En el primer período de gobierno municipal, durante dos años me desempeñé como administrativo cumpliendo con múltiples trámites”, reveló Balbuena, quien supone que “ser opositor le jugó en contra”. Según el empleado municipal, que integra el Movimiento Nacional Justicialista, tras las últimas elecciones y debido a la buena cantidad de votos que obtuvo su partido en la localidad, el intendente “comenzó una despiadada persecución sistemática psicológica, ideológica y discriminatoria” en su contra. Indicó que su primera orden fue trasladar al empleado a otra oficina. “Obviamente tiene ese derecho, pero tuve que soportar las peores discriminaciones y desprecio como hombre de pueblo y como trabajador que uno puede pasar. Sufrí abandono de persona y otros tantos tormentos psicológicos”, sostuvo Balbuena.Enumeró que algunas personas cercanas al oficialismo “no permitían que el personal llegue a la oficina en la cual trabajaba”. También declaró que dejaron de proveerle insumos y no le permitían ocupar su cargo de delegado gremial de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Misiones. “En ese interín, (Lezcano) no permitía que los afiliados fueran a consultarme”, advirtió. El delegado recordó que tuvo que implorar por tres años la firma de una solicitud para obtener un préstamo de una entidad bancaria en donde le exigían la firma del intendente. “Dicho préstamo lo necesitaba para someterme a un intervención quirúrgica de emergencia de alta complejidad, en un sanatorio privado por problemas arteriales, corriendo el riesgo de casi perder ambas piernas”, detalló. Como consecuencia de esa cirugía, contó que tuvo que realizar reposo absoluto y hacer uso de la licencia por enfermedad. Pero en un determinado momento, “por una supuesta orden expresa del intendente”, Balbuena expresó que funcionarios municipales ingresaron a su oficina y la “desvalijaron”.“Colocaron mis elementos administrativos en diez bolsas negras de residuos”, recordó el empleado. ReclamosBalbuena reveló que el 24 de enero pasado se presentó en el edificio municipal para volver a sus tareas habituales, a pesar de que no cuenta con el espacio físico para desempeñar sus tareas.“El área de Personal me habilita a marcar mi ingreso, pero como no poseo oficina, marco a las 6:30 y hasta las 12:30 me ubico dentro del perímetro municipal, exhibiendo carteles de reclamos y acompañado de las diez bolsas de residuos que teóricamente contienen mis elementos de oficina. Lo seguiré haciendo hasta que se cumplan mis demandas”, enfatizó. El trabajador sostuvo que cumplimentó todos sus requisitos sanitarios el mes pasado y lo presentó ante las autoridades municipales. Tras esto volvió a insistir con recuperar su puesto y vieja oficina. “A la fecha ningún funcionario se acercó para convenir mi ingreso”, precisó Balbuena. Además, exige “el reintegro y pago con retroactividad desde el mes de noviembre de 2016 de sus haberes”, ya que “por decisión fuera de toda legalidad, procedieron al descuento del 50% de mis haberes”. En la última notificación que recibió Balbuena le informaron que debe notificarse de una resolución por la cual lo designan “analista del sistema de tratamiento de agua” y que debe trasladarse a una oficina ubicada a dos o más kilómetros del centro urbano. “Es un cargo absurdamente inventado. No figura en el Presupuesto ni está estipulado en el escalafón para un municipio de segunda categoría”, advirtió.
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