La resolución judicial le da la razón a los docentes en su lucha por dar vuelta la decisión unilateral del Gobierno nacional de borrar de un plumazo, en base a un acuerdo político informal con las provincias, el llamado a paritarias nacionales, vital para establecer un piso salarial básico para la docencia de todo el país y para el financiamiento de parte de la Nación a las provincias que no llegan al mínimo.En un extenso fallo, la jueza se apoya en la Ley de Educación Nacional 26.075 y ordena al Gobierno implementar las partidas presupuestarias para “cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional al quinto día de la presente orden judicial”.Aunque el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, se apuró a anunciar que apelará el fallo, éste es de cumplimiento efectivo, es decir que la cartera educativa nacional debe convocar sí o sí a las paritarias nacionales en los próximos cinco días. La posibilidad de que el Gobierno nacional respete la medida judicial, sin embargo, parece lejana al estar de los antecedentes, entre ellos los dos fallos de la Justicia a favor de los docentes en territorio bonaerense, uno ordenando devolver los descuentos de los días de huelga y otro invalidando el llamado a conciliación obligatoria; ambos ignorados por la gobernadora Vidal.El incumplimiento de la sentencia judicial, en este caso, además de poner en falta al Gobierno ante la Justicia, equivaldría a una apuesta por la prolongación indefinida del conflicto; actitud política extrema que en nada aporta al objetivo principal a resguardar en esta instancia: garantizar que el conflicto gremial no afecte, de ahora en más, el normal desempeño de las clases.
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