(Nota completa publicada por PRIMERA EDICIÓN el 9 de febrero de 2002)Si la Justicia se caracterizaba, entre otras cosas, por su lentitud, en el futuro habrá tener más paciencia que nunca. Los recortes consecuentes a la devaluación tocaron en gran medida a este poder del Estado y al final de todo quien más lo sufre es la sociedad. Nada más cierto y para ejemplo basta con exponer lo que ocurrió en las últimas horas en la capital provincial y que terminó en la condena de un hombre a diez años de prisión por violación calificada.El miércoles comenzó el primer debate del año a cargo del Tribunal Oral en lo Penal 1 de Posadas. El acusado era un agricultor y llegó al banquillo por abusar de una niña de once años con retraso mental. El hecho se produjo en Leandro N. Alem en el año 1998. Problemas por doquier Como cuestión preliminar, la fiscal Liliana Mabel Picazo y el defensor oficial Julio Lenzken solicitaron a la Corte la suspensión del juicio por no contar ambos con las fotocopias del expediente, aunque en forma unánime los tres jueces rechazaron el planteo. Para el mismo día se esperaba la llegada de testigos claves que residen en Alem. Todos, de condición humilde, faltaron a la cita en Posadas por no contar con el dinero pertinente para realizar el viaje hacia la capital. De todas formas era imperioso que esas personas llegaran y declararan en el debate. Ayer (N. de la R.: 8 de febrero), articulaciones de por medio, la policía de Leandro N. Alem, sin combustible para realizar los traslados, según destacó una alta fuente judicial, consiguió un colectivo en el que trasladó a los testigos hasta la Garita del kilómetro 10. Pero a partir de allí las personas citadas debieron recurrir a aventones para lograr llegar al Juzgado, situado en calle San Martín de Posadas. De esta forma pudieron declarar y lograr que se impartiera justicia, ya que sin sus relatos, posiblemente, el violador hubiera recibido una pena menor a la impuesta por el Tribunal. Si no fuera por la actitud de la policía para conseguir un transporte con combustible y por la infinita paciencia de la sociedad, la Justicia habría sufrido ayer un duro revés. El Tribunal Penal 1, al rechazar el pedido de suspensión de la audiencia planteada por la fiscal Picazo y el defensor Lenzken, no halló argumentos jurídicos para hacer lugar a lo solicitado. Si bien sus miembros no fueron explícitos, entendieron que se trata más de una cuestión gremial y que no les compete a ellos resolverla.De todos modos, la alianza entre Picazo y Lenzken en la solicitud de ayer pone al desnudo el descontento que existe entre los funcionarios y magistrados del Poder Judicial por no poder contar con los elementos indispensables para ejercer la función. Desde el año pasado el Superior Tribunal de Justicia sólo autorizó la realización de dos fotocopias por debate, debido al recorte presupuestario. Pero la crisis también se extiende al tema de las comunicaciones de los dos tribunales penales de Posadas, que ahora no pueden llamar ni recibir llamados por teléfono por una deuda con Telecom. "No podemos comunicamos con la policía -que no cuenta con teléfono- para hacer comparecer a los presos, tampoco podemos emitir faxes con oficios y todo ello incide en las diligencias judiciales", señaló una fuente.Respecto al pedido de suspensión que elevaron el defensor y la fiscal, el Tribunal decidió, en el punto segundo del decisorio de condena, remitir fotocopia del acta al procurador general del Superior Tribunal de Justicia y que sea este organismo el que decida y resuelva. De la sentenciaGuillermo W. (42) recibió la pena de diez años de prisión, mientras que la fiscal Picazo solicitó doce y el defensor Lenzken el mínimo, es decir seis años. El imputado se había declarado inocente, manifestó no conocer la casa donde la víctima vivía junto a sus padres, en el kilómetro 78 de la ruta provincial 4, en un paraje conocido como Picada Miguel Díaz. "Nunca estuve allí, yo vivo en La Pedrera, pero jamás llegué por esa zona", alegó. La víctima, hija de padres alcohólicos, se contagió al nacer una sífilis que le causó un severo retraso neurológico y que le afectó en sus estudios: con 11 años la menor recién cursaba el segundo grado. Sin embargo, el bajo coeficiente mental no le impidió desarrollar otras cualidades, tales como la solidaridad y las ganas de superarse, de acuerdo a lo manifestado por su maestra Margarita K, quien desde hacía mucho tiempo le venía realizando un seguimiento. Fue precisamente esta docente la que impulsó el esclarecimiento del hecho ocurrido entre la medianoche del 21 de octubre de 1998 y la madrugada del día siguiente. El 22 a tempranas horas de la mañana, la mujer escuchó azorada el relato de la menor que, al llegar a la Escuela provincial 629, le dijo con voz triste: "Maestra, quiero hablar con usted". La niña le contó a la docente que "un hombre que anoche durmió en mi casa, me tocó" y aclaró que no le comentó a sus padres por temor a que se enojaran, ya que por la noche habían bebido mucho.
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