Son 100, aproximadamente, las personas que ocuparon el último domingo un predio que pertenece a la Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (Adunam) y está emplazado en esta ciudad. El último miércoles, el Juzgado Penal de Instrucción Nº1 libró la orden de desalojo del predio, a través del cual se los intima a dejar libre los terrenos en un plazo no mayor de 48 horas.“Se presume que no todos los que efectuaron la intrusión tienen necesidades reales. Hay personas que tienen casa, auto y están ahí reclamando un espacio. Se sabe que hay ‘punteros’ alternativos que están detrás de todo esto”, afirmó el vicepresidente del Concejo Deliberante de Eldorado, Daniel Do Santos, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.Desde la Justicia las medidas que se están tomando son estrictamente las establecidas por el Código Penal. “Para cometer un delito se requiere que esa persona esté en posesión efectiva de la cosa. Si tengo un inmueble, le puse un cerco de alambre y una casita adentro con cuidadores, ese terreno está siendo poseído en forma efectiva por el propietario. Si alguien se mete, con todos estos factores ya nombrados, estamos ante un delito. En consecuencia, se puede utilizar la vía policial, la vía penal para pedirle a la Justicia que actúe y los saque. Este sería el caso”, explicó a este medio el juez Roberto Saldaña, quien lleva adelante la causa en el Penal Nº1.“El procedimiento es claro, se realiza una intimación a los intrusos para que desocupen el lugar”, dijo Saldaña. Esa intimación se realizó el miércoles último y establece un margen de 48 horas para que las 25 familias abandonen el predio, que con carpas precarias y de forma improvisada, se asentaron. Habitualmente, en caso de que no existiera un acatamiento de la intimación por parte de los ocupantes, se procede a una orden de allanamiento, en donde la Policía debería intervenir.DenunciaDespués de las amenazas recibidas por los intrusos, al reclamar que desalojaran el predio, el vicepresidente del Concejo Deliberante de Eldorado, decidió presentar cargos contra los ocupantes ilegales en el juzgado penal de dicha localidad. “Es una obligación denunciar la ocupación ilegal de una calle o de un espacio público. Y en la misma denuncia agregué el tema de la agresión y las amenazas que recibí de parte de ellos. Es gente que no conozco, pero sí es necesario denunciar el hecho, porque genera un antecedente y está dentro del marco de toda la gestión, es como una denuncia anexa a la causa más grande, que es la ocupación de las tierras”, dijo Do Santos.
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