Tras reunirse con su par de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, para avanzar en el tema; la funcionaria subrayó que el objetivo de la reforma es que toda persona que tenga antecedentes, “sobre todo de delitos federales como trata o narcotráfico o delitos que tengan pena privativa de la libertad” no van a poder entrar al país y se acelerarán los tiempos para las expulsiones.La intención de reforzar los controles migratorios en el contexto de la lucha contra el narcotráfico tiene su lógica, aunque en muchos países, y el ejemplo de Trump es aleccionador, deviene en instrumento electoral sin ninguna clase de rigor en el análisis de la problemática que se afirma combatir. Nadie puede negar que el Estado debe dar una respuesta más cierta a los avances del narcotráfico y la drogadicción en el país; sin embargo se simplifica groseramente una compleja realidad si se parte de un encuadre xenófobo y estigmatizante contra minorías nacionales.Esto es lo que hizo la ministra, al invocar estadísticas al voleo para afirmar que “acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”, entre otros discriminatorios conceptos. La demonización arbitraria de minorías nacionales de pueblos hermanos, en forma irresponsable viniendo de una ministra de la Nación, no puede sustituir a un análisis ponderado y objetivo de la legislación migratoria. Salvo que se busque emular, por otros medios pero con el mismo fin, el desmesurado muro del presidente norteamericano, condenado en todo el mundo.
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