La muerte de otro caballo el pasado domingo 15, en el marco de las carreras cuadreras que se corren en distintos puntos de la provincia, volvió a despertar la indignación de quienes sospechan que algunos propietarios dopan a los equinos que se ponen en competencia sin ningún tipo de control ni regulación. Pero el lamentable final de “Mister”, ocurrido en el Club Hípico Municipal de Caá Yarí, también indignó a los que sospechan que los negocios en torno de las cuadreras de esta localidad estarían en manos del eterno intendente Ernesto Juan Friedrich -que acumula 29 años en el poder- y de su hijo Gabriel, el presidente del Concejo Deliberante. Según sostienen conocedores del entorno de los Friedrich, el estrecho vínculo entre el hipódromo General Belgrano de Posadas y el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Eduardo “Balero” Torres, se repetiría en este antiguo pueblo del departamento de Leandro N. Alem, comuna que la familia del alcalde conduce con mano de hierro y un marcado nepotismo. Al menos un par de detalles objetivos parecen abonar las sospechas de los vecinos: “El club hípico habría sido construido con maquinaria y fondos comunales hace unos cinco años”, dicen, pero en el Concejo Deliberante nadie tiene la menor idea de qué dineros se manejan en torno a la infraestructura que en teoría pertenece a todo el pueblo y a las carreras que se organizan, o ante quién se rinde lo recaudado, o para qué se usan las ganancias generadas en cada competencia. El único concejal opositor, Omar de los Santos, aseguró que el manejo del club es reservado. Lo único que efectivamente recuerda es que los Friedrich están en la comisión directiva y que se usaron máquinas municipales para abrir la cancha y asegurar su mantenimiento. “La última carrera donde murió el caballo la habría organizado Gabriel y, cuando ocurrió el accidente, fue él mismo el que impidió a los presentes que saquen fotos. La policía también presionó porque trabaja para ellos, y no es casualidad que en la comisaría haya efectivos que también se apellidan Friedrich” refirió uno de los preocupados vecinos. La Justicia no avanzó Mientras que también en torno de este hipódromo se ciernen el secretismo y los vínculos entre el poder y las apuestas, las dos denuncias penales que se formalizaron tras la muerte de los tres caballos en las cuadreras de “Balero” no tuvieron ningún avance significativo en la Justicia ordinaria misionera. Los caballos murieron tras el desarrollo de la competencia denominada “Copa Challenger” auspiciada y organizada por el Iplyc y por el Jokey Club local. Cinco asociaciones protectoras de animales realizaron la primera denuncia penal el 12 de octubre, apenas tres días después de la fatídica carrera.Una semana después, el abogado Martín Errecaborde también denunció penalmente a los organizadores y al propio “Balero” Torres. Sin embargo, fue el accionar de la prensa el que develó el destino final de los equinos a los que la Justicia nunca encontró. Un equipo de la FM Show de Posadas halló los restos de los caballos incinerados y muy cerca del hipódromo, pero tampoco se realizaron pericias sobre los restos. Las dos denuncias penales apuntaron a la posible comisión de delitos reprimidos en la Ley 14.346 que castiga los tratos crueles con los animales; y a la sospecha de apuestas ilegales. Errecaborde, amante de los caballos y de las carreras con competencia sana, habló al respecto con PRIMERA EDICIÓN con franqueza: “La verdad, no tenía ninguna esperanza de que se hiciera una investigación seria por la muerte de los caballos por una serie de circunstancias; hay factores políticos y económicos y muchos intereses detrás de este tema, al menos es lo que uno sospecha. De todos modos hice la denuncia penal porque de alguna manera los amantes de la actividad tenemos que llamar la atención de la Justicia sobre esta situación”, señaló al ser consultado por este diario. El reconocido letrado y funcionario judicial no ahorró críticas hacia los organizadores de cuadreras que permitirían la utilización de cócteles de anfetaminas y otras drogas para incentivar a los caballos. “Veo carreras desde que era chico, mi padre era aficionado y lo acompañé desde siempre. Y nunca vi morir a un caballo en los hipódromos grandes y controlados. Cuando hay regulación se cuida demasiado el detalle del doping, se hacen controles permanentemente, los caballos que entran primero, segundo y tercero van directo al laboratorio. Si se detecta una irregularidad, se le quita la posición y el premio al caballo, se penaliza a su propietario y al cuidador” detalló. Para este amante del deporte, todos los apasionados por el turf debieran estar reclamando lo mismo que espera él: que también haya controles en las cuadreras y que los caballos dejen de morir “reventados”. En casi todos los municipios hay canchas o clubes hípicos donde se corren cuadreras, especialmente en el Alto Uruguay. Y en casi todas estas competencias participan caballos que son propiedad de encumbrados políticos. Por ahora, al menos, los controles que reclaman los “burreros de ley” y las asociaciones protectoras no tendrían campo fértil donde prosperar. El Colegio de veterinarios se desligóEn octubre pasado, cuando se conoció la muerte de los tres equinos tras la Copa Challenger de Posadas, el presidente del Iplyc Eduardo “Balero” Torres descartó el uso de cócteles químicos en los caballos, asegurando que cada animal está controlado por veterinarios que no permitirían estas prácticas ilegales (conocidas como “chinches” en el mundo del turf) para aumentar el rendimiento o la excitación de los animales con el objeto de que corran más rápido. Pese a la referencia directa, los miembros del Consejo Médico Veterinario de Misiones no emitieron ninguna opinión ni directiva al respecto. “No tomamos ninguna determinación porque el eventual uso de estos cócteles no pasa por manos de un veterinario sino de un baqueano o cuidador que arma los preparados y los aplica de acuerdo a lo que cree que les da resultado” aseguró Fernando Lobo, el presidente del Colegio profesional. Según señaló el directivo, la actuación de los veterinarios se limita al control de vacunas obligatorias que exige el Senasa, la firma de la libreta sanitaria equina y los análisis para detectar la anemia infecciosa equina, un test que debe estar certificado por un veterinario acreditado. “El pique o la chinche -como le llaman a estos cócteles- van a seguir usándose mientras no haya regulación desde el Estado” aseguró, y coincidió en que como institución, “repudiamos estas prácticas y consideramos que se enmarcan en la conducta de maltrato animal”.
Discussion about this post