Así lo expresó el Consejo en una resolución que lleva la firma del saliente presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas, que aclara que este informe preliminar aún requiere de consolidación, análisis y procesamiento de datos, y a raíz de inconvenientes encontrados en la recopilación de la información, como “falta de información de determinados juzgados o tribunales”, la discriminación entre “resoluciones de fondo o incidentales”, “información parcial y desordenada”.Por eso, a partir de ahora, comenzará una etapa de ordenamiento de la información sobre estas causas (por totalidad del país, por jurisdicción; juzgado, tribunal y cámara), para permitir “el análisis” del funcionamiento y un resultado global y otro diferenciado, según consigna la propia resolución. Esta tarea deberá completarla el Cuerpo de Auditores del Consejo, el mismo que tuvo a cargo la auditoría, con plazo hasta el día 31 de marzo de 2017, para -a partir de esa instancia- comenzar el diseño de las etapas sucesivas y progresivas de los informes.Tanto para la auditoría de causas de corrupción como para las de narcotráfico y delitos de lesa humanidad, que están en la actualidad en curso, se dispuso que sean ejecutadas “en forma permanente, año por año”, es decir que no terminen en 2016, sino que tenga continuidad, tal como ocurre con el informe de homicidios, que realiza el Instituto de Investigaciones Penales, y que se actualiza anualmente. Por otra parte, dado que del informe preliminar surgieron dificultades que transitan los juzgados, tribunales y cámaras en materia de recursos humanos, infraestructura edilicia, sistemas informáticos, comunicaciones con organismos externos; y falta de insumos, se pidió la intervención de la Oficina de Administración del Consejo de la Magistratura, para que brinden soluciones a los requerimientos planteados. En tanto, se destacó la “colaboración” de juzgados y tribunales en el proceso de auditoría, considerando que los requerimientos fueron simultáneos a las tareas normales que llevan adelante a diario.El cuerpo de auditores hizo una diferenciación respecto a las causas en trámite, que mostraron un cumplimiento mayor, incluso casi total en relación a las distintas jurisdicciones del país, pese a que en casos aislados se encontró que “faltaban datos”; y las causas culminadas, en las que se advirtió el cumplimiento de gran parte de las jurisdicciones, incluso acompañados por análisis complementarios “de suma utilidad”. Quedó pendiente de ofrecer información el Tribunal Oral Federal Número 5 de San Martín, debido a que parte del edificio fue afectado por un incendio intencional, por lo que se le otorgó un plazo especial. La auditoría fue pedida por el Colegio de Abogados de la Capital Federal y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en abril pasado, y aprobada en junio en un plenario del Consejo de la Magistratura.Antes de dejar su cargo de Presidente de este cuerpo que selecciona jueces y dispone los procesos disciplinarios cuando éstos se alejan de su buen desempeño, Miguel Piedecasas dio a conocer que ya estaban presentados los informes correspondientes a esta auditoría, aunque aclaró que eran resultados “preliminares” y que demandará algunos meses más su conclusión.Fuente: Télam
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