Los apoderados del Frente Unidos de Trabajadores de la Educación (Fute) intimaron el miércoles por Carta Documento a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE)?por declaraciones públicas realizadas por la dirigente gremial Stella Maris Leverberg que suponen “una intromisión en las funciones de un órgano de la Constitución”. La dirigente renovadora emitió un comunicado de prensa a través de la Agrupación de Docentes de Misiones (Adomis) en el que se atribuyó la facultad de prorrogar los mandatos de los actuales vocales del CGE tras la suspensión -por orden judicial- del escrutinio definitivo del resultado de las elecciones para reemplazarlos. “Cabe aclarar que esta medida cautelar puede perdurar en el tiempo por lo que hasta la resolución definitiva en el Superior Tribunal de Justicia, continuarán los mismos vocales en el CGE y la Junta, tal la propuesta del Fretemis, así que Arnaldo Idzi y Marcelo Márquez continúan en el CGE; Hilda Radke, Marlene Da Luz, Mónica Arrúa en Junta primaria; y Bienvenida Pereira con Laura Hereter continuarán en funciones mientras dure este proceso y renueven los mandatos quienes ganaron con votos docentes (y no con la justicia), desde la lista 2 y 22”, señalaron desde la agrupación que lidera la dirigente. Los referentes del Fute entienden que si el Consejo de Educación es manejado por Leverberg y no por sus autoridades oficiales y naturales, existe una irregularidad manifiesta e inconstitucional además de otras situaciones reñidas con la legalidad, ya que los miembros de este órgano deben ser autónomos, a la vez que para que actúen con independencia, la Constitución los dotó de la garantía de inamovilidad que tienen los jueces, y sólo pueden ser removidos por el Jurado de Enjuiciamiento. Por ello, si verdaderamente el CGE decidió prorrogar los mandatos de los vocales, deberá informar sobre la Resolución correspondiente en el plazo perentorio de 48 horas, y todo bajo apercibimiento de formular las denuncias judiciales. “Expresar que el amparo presentado lo único que consiguió fue prorrogar los mandatos de quienes están ocupando dichos cargos en el Consejo General de Educación, constituye la prueba más elocuente del autoritarismo, arbitrariedad e ilegalidad de quienes conducen y aspiran a ocupar altísimos cargos en la educación en la provincia” señalaron desde la agrupación de docentes no oficialistas que compitió contra el aparato renovador y aún así, logró resultados ajustados con la estructura de “Marilú”.
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