En circunstancias normales, y teniendo en cuenta la imprevisibilidad propia de las decisiones burocráticas confiadas al orden central, no debería verse nada extraño en que hayan pasado 20 días desde que funcionarios provinciales, e incluso el ministro del Interior Rogelio Frigerio, anunciaran la rebaja para Posadas y la ciudad de Clorinda (Formosa) en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.Como es sabido, el Gran Posadas, Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú ya contaron con una rebaja en el mismo impuesto establecido por el Decreto 1562/96 que rigió hasta principios de 2002 con buenos resultados. Ya en esos años, sin embargo, el Decreto terminaría siendo derogado por las desigualdades internas que creaba, a la larga, al no aplicarse en forma homogénea en todo el territorio provincial, un aspecto que se volvió a plantear en la provincia recientemente. Los reclamos que efectuaron dirigentes sectoriales del interior contra la limitación del beneficio a la ciudad de Posadas, donde se anunció que regiría por seis meses a partir de la firma de un decreto que -hasta hoy- nunca se firmó, anticiparon que con la situación actual de recesión económica de fondo, los efectos positivos tendrían, puertas adentro de la provincia, un gusto a privilegio y un correlato no deseado de descontento en muchos sectores, entre ellos los estacioneros del interior. Tal vez por ello, se especula en que la falta de información actual podría ser un paréntesis necesario mientras se pone a punto una reformulación del beneficio, eventualmente extendiendo su aplicación a otras localidades misioneras. La generalización del beneficio a todo el territorio sería, no hay dudas, una decisión acertada, aunque no es seguro que esto vaya a ocurrir. El ITC diferencial, dicho sea de paso, en su momento fue el resultado de una movilización intensa del sector comercial posadeño en interacción con una activa gestión del Ejecutivo provincial; condiciones difíciles de recrear en el escenario actual.
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