Mientras que <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/233355/el-grupo-z-quiere-llevar-a-23-pesos-el-pasaje-de-colectivos-en-posad.html">el “Grupo Z” se apresta a presionar a las autoridades locales para conseguir un nuevo aumento del boleto de colectivos que pretenden se dispare a los 23 pesos en la capital</a> (y costos más altos todavía para Garupá y Candelaria), el principal referente del tándem empresario, Casimiro Zbikoski, sigue sin hacerse cargo de pagar la corrección de los graves errores de construcción detectados en la obra de la estación de transferencia de la avenida Quaranta, infraestructura que por estar inhabilitada y clausurada por infracción al Código de Construcción, obliga a miles de pasajeros a pagar doble boleto por no poder utilizar el trasbordo. El pasado viernes Zbikoski, la Municipalidad, el Ente Provincial de Aguas y Cloacas (Eprac) y la proveedora de agua potable Samsa firmaron un nuevo convenio para que se termine la obra y que cada parte haga lo que le corresponda, en especial la concesionaria del servicio de colectivos. Esta vez, según admitió el presidente del Eprac José Guccione, fue por órdenes del gobernador Hugo Passalacqua, quien fue tajante ante la reticencia del empresario colectivero. Es que ya en mayo pasado la empresa de colectivos se había obligado a pagar los arreglos y todos los gastos que demandara pero no lo hizo. Esto es lo que surge de la documentación oficial, relacionada a la obra que la semana pasada, la Municipalidad local le entregó al Concejo Deliberante en respuesta a un pedido de informes de los ediles. De los papeles asoma que a la fecha, Zbikoski incumplió con las reparaciones que debió solventar según el compromiso formal que había asumido el 5 de mayo pasado. En la copia del acta acuerdo entre el intendente Joaquín Losada y la firma prestadora se señala textualmente que “el licenciado Marcelo Valois Zbikoski se compromete a realizar la construcción de un by pass” cuyo tiempo de realización “será de 90 días contados a partir de la firma del presente” y que “se compromete con exclusividad absoluta a disponer de los fondos para realizar la obra detallada en el punto anterior”. Es decir que la obra debió estar lista en septiembre, pero las reparaciones nunca comenzaron.También dice el acta acuerdo de mayo pasado, que el empresario “soportará la totalidad de los gastos que la obra demande, tanto en el pago de la empresa contratada para su realización como en cuanto a cualquier otro gasto o erogación que devenga de su ejecución”. Pese a la claridad de los términos, tuvo que intervenir el primer mandatario provincial para que se firmara un nuevo compromiso que, según Guccione, esta vez sí se va a cumplir. Todo malTambién surge de la documentación oficial que la paralización por la presencia de un caño maestro de agua debajo de la estructura se dio porque la empresa violó el Código de Edificación Urbana cuando construyó el pórtico de la estación sobre el espacio público (vereda). El acueducto comprometido, que abastece de agua potable a 50 mil personas de la zona Sur. La empresa Samsa informó oficialmente al Eprac el 21 de septiembre de 2015 (hace más de un año) que, “como es de su conocimiento, dicha obra en cuestión ha avanzado sobre espacio público en donde se encuentran instalados dos importantes conductos para la prestación de los servicios de agua y cloacas, y se están construyendo sobre los mismos significativas obras civiles”. “No obstante lo expresado, a la fecha no se ha avanzado en la solución por lo que alertamos una vez más sobre la precaria situación de las infraestructuras complicadas”, decía -casi con desesperación- la prestadora de agua que a la vez advertía, textualmente, sobre “posibles fallas de la infraestructura construida sobre las cañerías como consecuencia del colapso de las mismas, con peligro real para la seguridad de las personas en el lugar”. Increíblemente, tras esta última y clara advertencia y sin posibilidades de obligar a la firma a corregir la obra, el Eprac (entonces conducido por Timoteo Llera) dejó por escrito que daba por finalizadas las tratativas y responsabilizaba a las partes por los inconvenientes que la obra mal hecha podría ocasionar a los usuarios del servicio de agua. Llera, en el acta, dejó sentada también su posición “dada la insensibilidad de las partes ante este gravísimo problema”. Un sistema que quedó en amagueLa estación de transferencia de la avenida Quaranta debió estar culminada en 2011, pero los permanentes retrasos de los prestadores hicieron que el Sistema Integrado de Transportes (Situm) creado en 2005, copiado de Curitiba y promocionado como una panacea, quedara sólo en el amague, sin que nadie se anime a exigirle a las empresas que cumplan con su parte y dejen de perjudicar a los usuarios. De hecho, Posadas debiera tener en funcionamiento cinco estaciones de transferencia, según los planes que posibilitaron al Grupo Z tener la concesión por 30 años (extensible por un período similar), pero sólo construyeron (con aportes estatales) la del Campus de Miguel Lanús. La estructura de la estación de la avenida Quaranta debió conectar a las líneas que atienden a los barrios del Oeste y del Suroeste (ubicados al borde de la ruta 213, Itaembé Miní, Itaembé Guazú y avenida Cocomarola y San Isidro); con las que van a los barrios del Sureste, cosa que hoy no ocurre. A modo de ejemplo, si un trabajador que vive en Itaembé Miní debe trasladarse hoy hasta Miguel Lanús, tendrá que tomar dos colectivos y abonar los dos boletos en lugar de usufructuar de su derecho al trasbordo con el pago de un solo pasaje.
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