“Nadie me puede mandar a agarrar la pala”, dijo un hijo de D'Elía

“Nadie me puede mandar a agarrar la pala, no puede decir que soy un ñoqui”, sostuvo por escrito Facundo D’Elía en el marco de su declaración ante la jueza federal María Romilda Servini, donde además acusó la investigación en su contra es parte de una persecución por su apellido. “Si lo que se me reprocha es ser un D´Elía y trabajar en el Estado resulta muy ilustrador ver los apellidos que lucen en las puertas de los juzgados, tantas veces repetidos”, sostuvo el joven que el mes pasado fue echado de una oficina de la Anses en Tierra del Fuego por no tener título secundario.El hijo del extitular de la Federación de Tierra y Vivienda afirmó que unos 8.000 empleados a la Anses sin haber concluido sus estudios secundarios y agregó el ejemplo del ex ministro de Cultura porteño Darío Loperfido, quien tampoco obtuvo ese título.Facundo, Pablo y Luis Ignacio D’Elía están imputados por infracción al artículo 253 del Código Penal, que castiga con multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación para ejercer cargos de funcionario público hasta dos años, a quien “propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales” y a quien “aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.Pablo fue indagado ayer y entregó un escrito en el que aludió a una persecución “del partido judicial”, confirmaron hoy fuentes judiciales, y adelantaron que Luis Ignacio fue citado a declaración indagatoria para el martes de la semana próxima. “Lo que se decida en la presente causa me tiene sin cuidado. Hagan lo que quieran. Al único juicio que me someto es al del pueblo. Ustedes no tienen ninguna legitimación para juzgarme”, sostuvo Pablo, quien es representado por los abogados Adrián Albor y Marcelo Parrili.La causa se inició en 2014 a partir de una investigación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), en la que se detectaron posibles irregularidades en los ingresos de los hijos de D’Elía a la Anses, en el 2008 y en la que se aclaraba que no contaban con título secundario.La causa había sido archivada por la jueza Servini por “inexistencia de delito” dado que la ley de contrato de trabajo no exige título secundario, pero la Cámara Federal ordenó reabrirla para investigar si los ingresos violaban la letra del artículo 29 del Convenio Colectivo de Trabajo N 305/98 que exige “que el personal designado en las aéreas administrativas y de servicios generales de la institución cuente con título secundario”.Télam