La medida limitativa, similar a la que aprobara la Legislatura misionera recientemente, pero en este caso el Ejecutivo nacional podrá cambiar el destino de partidas únicamente por un monto similar al 10% del total presupuestado; mientras que la ley aprobada en Misiones habla de un 20%. En ambos casos se intenta dar una señal de transparencia a través del respeto al marco institucional, incentivando la división de poderes, valor esencial del sistema republicano que en más de una ocasión se resiente ante los imperativos fácticos de la lucha política basada en intereses. La limitación a los “superpoderes” se trataría hoy junto a la controvertida ley de asociación pública-privada para atraer inversiones, norma que el oficialismo tuvo que retirar de la agenda y someter al debate legislativo buscando una reformulación que permita incluirla en el Presupuesto 2017. El respeto a la Ley de Presupuesto, conocida como “Ley de leyes” ocupa un lugar central en la jerarquía de valores propios de una construcción democrática de la política, la cual demanda la aplicación de frenos y contrapesos al ejercicio del poder; máxime en un sistema presidencialista como el nuestro. El acuerdo con la oposición permitió que se introdujeran unas 20 reformas al proyecto original, cambios que se plasmarán definitivamente en un dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda que será debatido hoy y mañana en el Congreso. Un dato positivo de los reformas que admitió el oficialismo es la asignación de 1.280 millones de pesos a Ciencia y tecnología, de los cuales 800 se destinarán al ministerio homónimo. Influyeron en la vuelta atrás del ajuste anunciado en el proyecto original, los enérgicos reclamos de numerosos investigadores.
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