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Enríquez vs. Blodek: “Sigo igual de pobre, él no puede decir lo mismo”

24 octubre, 2016

La destitución de Ricardo Enríquez como intendente de General Urquiza todavía deja mucha tela por cortar y comienzan a trascender los pormenores políticos que terminaron por apartarlo del cargo, dejando en su lugar a Fátima Cabrera, expresidenta del Concejo Deliberante y esposa del exministro clossista Horacio Blodek.En el marco del proceso de apelación de su destitución ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Enríquez rompió el silencio y acusó directamente al matrimonio Blodek de pergeñar una estrategia para quedarse al frente de la Municipalidad. Sólo así, dijo, se entiende que la que fuera su compañera de fórmula en el mismo sublema dos veces seguidas se haya vuelto completamente en su contra hasta lograr su cometido. “Los Blodek perdieron poder a nivel provincial, quedaron apartados de todo desde que se fue Closs.  Esta fue la única posibilidad de volver a manejar algo. Me sacaron y se quedaron con una intendencia desde donde hacer política, que es algo en vez de nada”, disparó el depuesto funcionario que ahora espera la resolución del máximo Tribunal a su queja que considera “un procedimiento amañado y fuera de la Ley”. Enríquez fue destituido por decisión unánime del Concejo Deliberante el pasado 27 de septiembre. Una Comisión Investigadora lo acusó de groseras irregularidades en su administración, que ya tuvo un primer mandato de cuatro años (2011-2015) y que iniciaba su segundo período al frente de la Comuna, con Cabrera como aliada política y presidenta del deliberativo. “Sigo igual, ellos no”A Enríquez lo acusaron por “malversación de fondos públicos y negligencia”, además de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Uno de los principales argumentos fue la deficiente rendición de fondos nacionales de la soja, que no habrían sido completamente invertidos, y las advertencias del Tribunal de Cuentas, organismo ante el cual adeudaba también las rendiciones de los pasados ejercicios financieros. Según admitió, su gestión fue “desprolija” porque a su entender, llevaba mal los papeles y ni siquiera tenía contratado un contador público, “pero todos los fondos fueron invertidos y las obras están”. Para explicar que dicha desprolijidad no significó malversaciones o enriquecimientos indebidos, dijo a PRIMERA EDICIÓN que él vive “en la misma situación económica que tenía antes de ser intendente” y que puede probarlo, pero “los Blodek no pueden decir lo mismo”. También dijo que la intendenta interina “vive en Posadas”, no en General Urquiza, pero igualmente se empeñó en recuperar el poder del pueblo en el que Blodek inició su carrera política como jefe comunal entre los años 1995-1999 y 1999-2003. La teoría de Enríquez parece conectarse con el derrotero del radical-renovador que vio finalizada su carrera política en septiembre de 2014 cuando el entonces gobernador, Maurice Closs, lo apartó del cargo de ministro de Turismo, tras el escándalo por la contratación millonaria de un operador para el reclutamiento de “amigos” y “me gusta” en la red social Facebook.Fue la cabeza de Blodek la que rodó entonces, pero Closs no ahorró elogios hacia su aliado y aseguró que pese a su alejamiento, “es y seguirá siendo un amigo”. La amistad quedó probada cuando Blodek pasó a integrar el directorio de un organismo del Estado. También sancionadoLas acusaciones que pesan sobre Enríquez por adeudar rendiciones de fondos no son las únicas que se conocieron en General Urquiza. Según información que trascendió hace tiempo, el exintendente Horacio Blodek también fue sancionado por el Tribunal de Cuentas por no haber rendido fondos públicos. Según se supo, en 1999 le iniciaron un Juicio de Responsabilidad Administrativa; en el 2002 pasó lo mismo y hasta fue sancionado con cargos sustanciales por falta de rendición de todo el ejercicio. Al año siguiente, el Tribunal le reclamó por no rendir completo el ejercicio 2003 al frente de la Comuna, pero justo ese año el entonces radical decidió pasarse al Frente Renovador y nada más se supo de los requerimientos.  A casi diez años de aquellos acontecimientos, la esposa de Blodek dijo que sentía “vergüenza” por las irregularidades cometidas por su exaliado al que debió controlar. Quiere volverLa apelación de la destitución que inició Enríquez ante el STJ ataca aspectos formales del proceso que lo dejó afuera de la intendencia, básicamente por supuestos incumplimientos en los plazos de convocatoria y la también supuesta negación de su derecho de defensa. En este marco, el Superior remitió a la Comuna un oficio para que eleve todos los antecedentes del caso. Paralelamente, el alcalde pidió a la Corte misionera que lo reponga en el cargo. “El Art. 144 de la Ley XV- N°5, dispone que hasta tanto el máximo Tribunal provincial no se expida por confirmar o revocar la destitución, el Intendente debe continuar en sus funciones. Para ello requiero que ordenen al Concejo Deliberante de General Urquiza la restitución del cargo hasta tanto se analice y resuelva en definitiva la apelación y nulidad requeridas”, solicitó.  Enríquez no sólo apeló la destitución, sino que además denunció la “usurpación del cargo y la entrada violenta” de los concejales a la intendencia para posibilitarle la asunción a Fátima Cabrera. “Recurrieron a un cerrajero y rompieron las cerraduras, lo que configura un ingreso por medio de la violencia” detalló el abogado de Enríquez, Eduardo Cardozo. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
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Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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