El edificio de siete pisos en el que funcionan los cuatro juzgados correspondientes al Fuero Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas, ubicado sobre la céntrica calle Bolívar y con cocheras y salida posterior a la calle Buenos Aires, se encuentra a punto de ser subastado por falta de pago.La situación no es nueva, ya que en tres oportunidades anteriores el Gobierno hizo uso a último momento de la cláusula que le permite detener la subasta mediante el depósito de un porcentaje de la deuda de capital.La estrategia le permite al deudor patear para adelante la situación, a cambio de un recálculo que sube la cuenta por el lado de los intereses. En este caso, si no se repite esta instancia de último momento, por un juicio que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, a cargo de la jueza Gabriela Canalis, el 2 de noviembre próximo el martillero Osvaldo Farías pondrá a remate el valioso edificio, que incluye además de las cocheras un estacionamiento, por una base de 960.139 pesos, correspondientes a las dos terceras partes del valor fiscal de la propiedad.¿Veinte años no es nada?El Estado provincial ocupó el inmueble durante los últimos 20 años, después de una compra “en los papeles” que nunca fue cerrada totalmente.Ahora la entidad demandante, la Sindicatura por la Quiebra del Banco del Iguazú, requiere el pago de 1.800.000 pesos por parte de la Provincia, que hasta hoy no dio señales de cuál será su decisión, dejando abierta la posibilidad de que, en el marco de la situación actual de menguados recursos en las arcas del Estado provincial, se vuelva a postergar -en el mejor de los casos- la dilatada liquidación de la compra del inmueble. La onerosa estrategia dilatoria, común en juicios por propiedades adquiridas por el Estado, es de larga data en este juicio, que se inició en 1996, hace veinte años, luego de que la Provincia adquiriera el edificio que hasta entonces ocupaba el quebrado Banco del Iguazú. ¿Hasta cuándo es razonable dilatar estas operaciones que le permiten ganar oxígeno al deudor por un lado y por otro lo presionan con intereses lógicamente crecientes? La pregunta, que tiene una respuesta clara por la negativa en un litigio entre privados, queda en suspenso en el caso de las decisiones en el Estado, donde los tiempos políticos tienden a imponerse sobre la racionalidad económica. En la subasta convocada para el próximo 2 de noviembre, la incertidumbre habitual se combina con dos factores adicionales. Por un lado, la base del remate, e incluso la deuda misma, se quedan cortas respecto al valor actual, que en el agitado mercado inmobiliario no puede estar por debajo de los 20 millones de pesos. Por otra parte, no parece razonable que, en el contexto de las inversiones llevadas a cabo en los últimos años para el equipamiento edilicio de la Justicia provincial, no se haya previsto cumplir con una erogación menor para el Estado y conservar para el Poder Judicial un edificio de inmejorable ubicación y en buenas condiciones, de acuerdo a las indicaciones del edicto.
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