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Municipios incrementan las tasas y crean otras por la necesidad de fondos

17 octubre, 2016

Las malas decisiones de la política, lamentablemente, no las pagan los políticos, sino que es el pueblo el que debe soportar las consecuencias. Luego de diez años o más de abundancia económica, desorden administrativo y poca preocupación por la eficiencia tributaria, este año muchos municipios de la provincia de Misiones comenzaron a incrementar los porcentajes de sus tasas, actualizar los valores de la Unidad Fija (UF, que son la herramienta para calcular multas y tasas) y crear nuevas tasas con el objetivo de incrementar la recaudación propia.Se terminó la época de vacas gordas, donde la coparticipación y los fondos de la soja alcanzaban para gastos de funcionamiento, sueldos, obras, servicios públicos y otros gastos. Ahora el dinero no alcanza, el enfriamiento de la economía y los cambios tributarios aplicados por el Gobierno Nacional redujeron el envío de dinero a la provincia y las administraciones municipales.En este contexto, los más “despiertos” salieron rápidamente a consultar con estudios contables o con su propio personal técnico de asesoramiento para mejorar los índices de la recaudación; sea por vía de nuevas tasas, subas, mayores controles, multas o planes de pago como moratorias y descuentos.El objetivo de todos es el mismo: recaudar más dinero porque lo que llega de Nación y Provincia no alcanza. PRIMERA EDICIÓN realizó un relevamiento de algunos casos que son ejemplo del comportamiento que está teniendo la mayoría.El municipio de Alba Posse aprobó la ordenanza 05/2016 denominada “Tributo por Contribución de Mejoras” que establece “la necesidad de readecuar el tributo que se genera a partir de una obra por contribución de mejoras a la inversión realizada en los empedrados, cordones cunetas y badenes” sobre calles de la comuna. Se fundamenta en que las obras posibilitaran “brindar los beneficios de infraestructura básica a zonas urbanas del municipio que carecen de ellas”.Se estableció como costo del tributo de los cordones cunetas “el valor de 2 bolsas de cemento o su equivalente en pesos por metro lineal; para empedrado y badenes también 2 bolsas de cemento o su equivalente en pesos por metro cuadrado y en los casos de veredas, será de 1 bolsas de cemento o su equivalente en pesos por metro cuadrado”. El pago es obligatorio para todos los propietarios de inmuebles comprendidos en las zonas beneficiadas, sean privados o propiedad del Estado Nacional, Provincial, Municipal, o entidades autárquicas descentralizadas, no contemplándose ningún tipo de excepciones. Se podrá pagar mediante convenios desde 12 y hasta 48 cuotas, con un interés mensual del 1%, y habrá descuentos para los propietarios de predios más grandes de 10 metros de frente. San Ignacio es otro municipio que salió a la caza de pesos frescos para descomprimir sus compromisos económicos. En ese marco, la ordenanza N° 40/16 determinó “la necesidad de reglamentar el Transito pesado que entra y sale del ejido municipal hasta y desde las canteras, areneras, mineras, explotaciones forestales y otros” argumentando “el estado de deterioro en que se encuentran las calles y caminos por causas del mismo”.“Se ha realizado un exhaustivo relevamiento de las calles y caminos urbanos y rurales, verificando un deterioro constante de los mismos, lo que deben ser mantenidos y reparados por el Municipio con sus recursos financieros” sostiene el Ejecutivo. Por ello la gestión de Esteban Romero consideró necesario “articular una política de ingresos públicos que permitan atender, mantener y mejorar los caminos existentes, que incluso serán de beneficio al transporte y facilidad de salida de productos naturales locales”.Así entonces, el Municipio determinó que los transportistas deberán pagar “0,5 U.F. (Unidad Fija) por tonelada o fracción transportada por vehículo”. Cada UF se mide en valor del litro de combustible, cercano a los 20 pesos actualmente. Por lo tanto, el monto del nuevo tributo se acercaría a los 10 pesos por tonelada transportada. Los sujetos obligados al pago son las empresas de transporte o titulares particulares de vehículos de carga que ingresan y egresan de los centros de explotación habilitados y se obligará a las firmas habilitadas como canteras, areneras, mineras, explotaciones forestales y otras, localizadas en la Jurisdicción, serán agentes de percepción y pago del tributo que se liquidará mensualmente con idéntico vencimiento al derecho de registro de inspección”. La Municipalidad hará las inspecciones pertinentes de 6 a 22, a fin de determinar la cantidad de vehículos que deben tributar a fin de requerir la exhibición del comprobante de pago.Esta semana también salió otro acuerdo entre San Ignacio y el Ministerio de Turismo que le permite al municipio recibir 3 pesos por cada turista que paga el ingreso a la Reducciones Jesuíticas, dinero que le servirá para mantener la limpieza, el alumbrado y el estado de los caminos en las inmediaciones del predio.En la ciudad Capital de la Madera, San Vicente, el gobierno municipal pretende incorporar el cobro del estacionamiento para los taxis que tengan paradas fijas. Además esta en estudio la posibilidad de cobrar estacionamiento en la zona comercial de la ciudad, medida que otros municipios ya la vienen aplicando hace años. Asimismo, los ediles sanvicentinos están trabajando en fijar la Unidad Fija a la venta de tierras municipales como los sobrantes de la ruta 14 y otras tierras que están en dominio municipal. Cualquier iniciativa que sirva para juntar dinero es analizada y considerada seriamente.En la primera semana de octubre tomó estado parlamentario el proyecto de presupuesto y la General Impositiva para 2017. Si bien, no trascendieron detalles, se prevé que se aplique una fuerte suba de tasas municipales y se incorporarían nuevas tasas impositivas, algunas de las cuales están siendo analizadas justamente ahora por el Concejo Deliberante.La primera mitad del año tuvo una polémica en San Vicente, justamente por la cuestión impositiva, porque el municipio pretendía cobrar una tasa de instalación de antenas, soportes y portantes a las antenas televisivos, radiales y de otros tipos de emprendimientos Internet o radio taxis. Por la presión social, se logró revertir esta idea y el intendente Waldomiro Dos Santos tuvo que dar marcha atrás. Se cobra solamente a las empresas de comunicaciones telefónicas y se instauró un arancel al transporte de líneas eléctricas de alta tensión y al tendido de cables para la fibra óptica.En el caso de las paradas de taxi, ya estaría incluido en el presupuesto 2017. Todavía no se conocen los montos pero las bases que deberían pagar serían la terminal de ómnibus, la esquina de avenida Libertador y calle Facundo Quiroga, y una nueva base que se asignaría en avenida Constitución frente al cuartel de bomberos Voluntarios.En el caso de la ciudad de El Soberbio pasa algo similar que en San Vicente. Los dos proyectos (Presupuesto y Impositiva) están en Comisión y prevén importantes aumentos para el año próximo, aunque no se conocen detalles. El intendente Roque Soboczinski ya intentó un “manotazo” fiscal para recupe
rar los impuestos no cobrados en los últimos 10 años, firmando un convenio que le otorgaba amplios poderes a la DGR provincial para intervenir en controles, cobro y demandas judiciales.La situación generó un revuelo inesperado en el municipio por los intereses “leoninos” y los pagos realizados pero no registrados en la gestión de los exintendentes Alberto Krysvzuk y Juan Carlos Pereira. Los comerciantes presionaron tanto que obligaron al Concejo a derogar el convenio con Rentas, aunque persiste en el Ejecutivo municipal la necesidad de recaudar más fondos para sus compromisos.En Garuhapé, por la caída en la recaudación implementó una moratoria: “este municipio tiene sus cuentas saneadas y está preparada para enfrentar este momento de crisis, sin embargo estamos implementando una moratoria con la intención de recaudar más”, explicó a este diario el intendente Avelino González. En la misma dirección se expresó el intendente de Montecarlo, Julio Barreto: “estamos implementando una moratoria porque estamos muy complicados y muchos contribuyentes no están pagando. Estamos llegando a ellos con planes y quita de intereses para poder recaudar algo ya que nuestras finanzas cayeron mucho porque cayó la coparticipación y tenemos muchas obras en marcha”, explicó. En Puerto Rico, para intentar superar el mal año, sacaron a los inspectores a la calle a controlar a los comercios. Según una fuente consultada por PRIMERA EDICIÓN, la metodología nunca se había implementado pero está trayendo resultados muy satisfactorios: “se están intensificando los controles de los comercios en la parte de higiene, seguridad, control de mercaderías, habilitación o tasa de comercio, de cada cinco comercios seguro que tres no están en regla”, contó un alto funcionario municipal.En Azara, el intendente Carlos Fassa dialogó con PRIMERA EDICIÓN y explicó que si bien la situación económica no es buena, el contribuyente paga, pero el mayor problema es regularizar la situación de los títulos de los terrenos.“Mes a mes se está complicando por la circulación de dinero, pero finalmente se paga. El mayor problema que tiene un municipio como el de Azara es el que  80% de la zona urbana no tiene el título para abonar su tasas y afrontar como corresponde.  Entonces nosotros estamos trabajando para poder regularizar a esas familias y recién ahí poder cobrar. La gente está pagando por suerte”, dijo Fassa.Asimismo, en Concepción de la Sierra también se buscan alternativas para recaudar. El intendente Carlos Pernigotti comentó que “en este mes estamos incorporando un sistema nuevo, además de llegar a cada persona y contribuyente con la boleta del año le hacemos llegar como está la deuda. No tenemos presencia en la vivienda de cada uno, por eso que elegimos este sistema. El año que viene vamos a distribuir una boleta con un total de la deuda de lo que debería pagar el año”.Reconoció que “no creo que sea conveniente aumentar tasas en este momento, pero sí buscar alternativas para que la gente cumpla. Hay un porcentaje grande que paga el impuesto, no estamos muy mal parados. Pero queremos ser más eficientes para que paguen todos los que deben”.Apóstoles está ofreciendo numerosas ventajas para convencer a los contribuyentes de acercarse a cumplir con su obligación fiscal. Desde junio el municipio hizo una convocatoria anunciando un plan de facilidades de pago con una quita del 90% de los intereses. Julio Klekailo, Jefe de Recaudación de la Municipalidad, informó que “sobre el tema de patentes, con pago al contado se quita el 90% de los intereses, en tres cuotas se le quita el 70% y en hasta 12 cuotas se le quita el 50% de los intereses, la última opción es hasta en 36 cuotas con una quita del 30% de los intereses. La misma medida tomó la comuna de Tres Capones, que actualizó su moratoria, según explicó el jefe comunal, Ramón Gerega, quien dijo  que “nosotros tuvimos una moratoria que se prorrogó, gracias a la colaboración de los vecinos se pudo terminar. Mucha gente que antes no se acercaba a pagar, ahora sí lo hizo”. “Se ofrecen muchas ventajas para los contribuyentes y estamos agradecidos porque con esa contribución pudimos arreglar los caminos. Si bien nuestro parque vial es bastante viejo pudimos conseguir el aporte de Vialidad para repuestos y seguir trabajando”, finalizó.En el caso de Candelaria, el intendente Daniel Luna explicó que “los fondos que recibimos de coparticipación todavía no alcanzan a cubrir nuestros gastos de sueldo. Ha bajado mucho el ingreso del municipio y debemos buscar la mayor eficiencia para salir adelante”.Explicó que se encuentran elaborando el proyecto de presupuesto y la Ordenanza Impositiva para 2017, donde se prevé regular el Valor de la Unidad Fiscal. Candelaria tiene valores de tasas y multas en pesos fijos, con montos que quedaron retrasados por la creciente inflación permanente. Entonces se eliminarán los valores fijos y se establecerán Unidades Fiscales, cada una equivalente al litro de combustible. “Hace un año, cuando asumimos, el litro de combustible estaba debajo de los 14 pesos, y ahora está arriba de los 20 pesos. Por eso nos vemos en la necesidad de actualizar los valores, y si la inflación se mantiene galopante, nos veremos en la obligación de hacer actualizaciones periódicas”, finalizó.En Posadas, justamente desde esta semana se incremento el valor del estacionamiento, pasando de 5 a casi 10 pesos. Si bien no es importante en la recaudación total, es un pequeño aliciente que también mejora los ingresos de los tarjeteros. Otro conflicto que tuvo que enfrentar el municipio por la necesidad de recaudación se originó hace tres meses con la empresa Samsa. En aquella ocasión, el Municipio pretendió cobrar la tasa de ocupación de subsuelo como indica la ordenanza impositiva desde el año 2012. Como era una suma abultada, que además tenía demoras de varios años, se llegó a un acuerdo para que se actualice el mecanismo de pago a partir de este año.

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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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