La Municipalidad de General Urquiza seguirá, por el momento, en un “berenjenal jurídico” tras el escándalo que la sacudió hace dos semanas, cuando el Concejo Deliberante literalmente echó a su intendente. El apartado jefe comunal Ricardo Enríquez apeló su destitución ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), por lo que la medida no se encuentra firme hasta que el alto cuerpo defina si le da curso a la solicitud o ratifica lo actuado por el Concejo Deliberante. Hasta que esto suceda, Enríquez continúa siendo intendente, aunque en la práctica no ejerza la jefatura comunal desde el pasado 27 de septiembre, cuando los cinco ediles votaron por unanimidad a favor de su alejamiento. Desde ese día, la presidenta del Deliberativo ocupa la titularidad del Ejecutivo, según dicen, hasta que se vote a un nuevo alcalde en el marco de las elecciones legislativas de 2017. Enríquez no sólo apeló la destitución, sino que además denunció la “usurpación del cargo y la entrada violenta” de los concejales a la intendencia para posibilitarle la asunción a Fátima Cabrera de Blodek, la extitular del deliberativo y antigua aliada política del alcalde que tras una larga afinidad de cinco años, finalmente lo reemplazó en el cargo. “Recurrieron a un cerrajero y rompieron las cerraduras, lo que configura un ingreso por medio de la violencia” detalló el abogado de Enríquez, Eduardo Cardozo. La defensa del jefe comunal también planteó ante el STJ la nulidad de todo lo actuado en la sesión extraordinaria en la que se decidió su apartamiento, ya que la misma “no respetó el plazo de cinco días previos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades para la convocatoria”. Según consideró Cardozo, el proceso estuvo viciado de nulidad por el apresuramiento de los ediles que no cumplieron los términos del artículo 140 de la Ley XV Nº 5 (ex257). Con todos estos elementos, Enríquez espera que el STJ “corrija las irregularidades cometidas en el proceso” que lo alejó del sillón comunal. El expediente en el STJ lleva el número 113.653/16 y fue proveído el 4 de octubre. Ahora el Superior Tribunal solicitó al Concejo que remita todos los antecedentes en el término de cinco días, en particular el expediente 01/16 en el que se registraron las actuaciones de la Comisión Investigadora. Todo finiquitadoParalelamente a la arremetida judicial del alcalde destituido, el Concejo Deliberante publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la Resolución 11/2016 por la que ratificó la salida de Enríquez. Los cargos que detalló el Concejo fueron “graves negligencias en sus funciones determinadas por el Tribunal de Cuentas; Manifiesta y reiterada inconducta en el ejercicio de sus funciones; negativa a suministrar la información requerida por el Concejo Deliberante; no contestar pedidos de informes y no colaborar con la comisión investigadora; no tener contador designado para el municipio y desviar desembolsos transferidos por el Fondo Solidario de la Soja; con obras incompletas en algunos casos y en otros casos directamente inexistentes, por lo que se puede presumir una malversación de bienes públicos con el consecuente daño al erario público del Municipio, y con rendiciones incompletas de dichos fondos”. La misma resolución ordenó comunicar la medida al STJ para que “proceda a la ratificación dispuesta en el artículo 1 de la presente” y remitir todas las actuaciones al fiscal penal en turno para que determine si el expulsado cometió delitos penales de acción pública. Paralelamente el Concejo inhabilitó al exalcalde para ocupar cargos electivos por el plazo de cuatro años, medida que tendría vigencia recién si el STJ ratifica la destitución de Enríquez. La sanción es al menos llamativa, ya que por tratarse de un municipio sin carta orgánica, se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece una inhabilitación de por vida, no por un plazo determinado, si el apartamiento queda firme.
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