El beneficiario deberá presentar un informe semestral de su desempeño académico para garantizar la continuidad de la beca, y podrá recibirla mientras dure la carrera de nivel superior elegida, según el plan de estudios, hasta seis meses después de finalizar el cursado regular, para culminar los exámenes finales. En el caso de que el beneficiario continúe estudios de postgrado fuera de la provincia, el cumplimiento del compromiso podrá diferirse hasta que los termine. Para obtener los recursos necesarios se creó el Fondo Beca Andrés Guacurarí, que será integrado por las sumas que se asignen en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, y con aportes del Gobierno nacional y de otros organismos. Para el diputado Pedro Pietrowski, quien ideó el beneficio, “es momento de premiar a los alumnos sobresalientes que han sido distinguidos con el honor de llevar la bandera de ceremonia, a los seis mejores alumnos de cada institución educativa de la provincia que por sus valores personales han obtenido el mejor promedio durante el cursado del colegio secundario”. Dijo que “el objetivo es reconocer sus logros, demostrarle a ellos y a la sociedad que todo su esfuerzo es un beneplácito para nuestra provincia y deseamos contribuir para que sigan creciendo, destacándose; ayudándoles a cumplir su sueño”. “El mérito es el factor esencial de esta beca, ya que premia a los alumnos con más altos promedios al finalizar sus estudios secundarios y por tal motivo logran ser abanderados o escoltas del emblema que nos identifica y nos enorgullece”, precisó. Por otro lado, el Parlamento provincial sancionó también la iniciativa de las diputadas Noelia Leyria, Myriam Duarte y María Losada, mediante la cual se crea este recurso que estará a cargo del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y que tendrá datos de quienes estén alojados en instituciones u organismos que impliquen la separación de su familia. El objetivo es sistematizar, centralizar, informatizar y garantizar la información de toda la provincia en una base de datos sobre niños, niñas y adolescentes, quienes podrán acceder a los datos cuando cuenten con la madurez suficiente para conocer y aceptar su historia personal, o cuando alcancen la mayoría de edad. Leyria dijo que se busca “relevar la actual situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en hogares de tránsito y convivenciales de la provincia”. “Antes de tomar cualquier medida, debe conocerse cuál es la situación, por ello la propuesta de registrar es la que más adecuadamente se compadece dicha finalidad”, expresó. Duarte consideró indispensable “un rol de monitoreo permanente del Estado, de auxilio en la capacitación relativa a cómo llevar adelante este registro, y el compromiso social de quienes se involucran en la problemática”. Opinó que ellos “deben garantizarnos a todos sentirnos orgullosos de la sociedad que integramos, no solo por conocer y defender nuestros derechos, sino también por acompañar a otros ciudadanos en la tarea de alcanzar estas metas”. Losada expresó que “el registro es sin duda una gran responsabilidad que asume el Estado Provincial, y será un desafío que como sociedad debemos asumir frente a los niños, niñas y adolescentes en riesgo o vulnerados, porque frente a ellos los obligados a cuidarlos somos todos”.
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