Algún funcionario público parece haberse excedido en sus facultades una década atrás. Hoy, la Provincia está a un paso de pagar las consecuencias, con un despojo millonario: una firma privada reclama quedarse con la propiedad del Hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social (IPS) en Puerto Iguazú, por un monto que ronda los seis millones de pesos, pese a que sólo el terreno de 16 mil metros cuadrados en el que está montado el hermoso conjunto arquitectónico, superaría largamente ese valor. La clave de esta operación, evidentemente desventajosa para el Gobierno y perjudicial para el patrimonio de los afiliados del IPS; está en aquellas decisiones tomadas hace diez años y los intereses que pudieron haber motivado la redacción de una cláusula contractual que le posibilitaría a los concesionarios, reclamar la efectivización del compromiso oficial para que el hotel deje de pertenecer al organismo y pase definitivamente a manos privadas. Los actos administrativos que posibilitaron que el grupo HCI SA se hiciera cargo de la remodelación y explotación del hotel con la opción de comprar la estructura a precios descabelladamente bajos, podrían motivar también la presentación de denuncias penales por el presunto “delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” y pedidos de juicios de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, según advirtió el diputado provincial Germán Bordón. Los nombres que tuvieron directa responsabilidad entonces, siguen siendo importantes en la política vernácula: el ahora diputado nacional clossista, Jorge Franco, era el presidente del IPS cuando se cerró el negocio, y el arquitecto Sergio Dobrusin, titular de Planificación Estratégica del Gobierno de Maurice Closs, era subsecretario de la misma área. Es que la documentación que se conoce respecto de la operatoria, parece demostrar que entre 2003 y 2005 hubo cambios en el pliego de bases y condiciones de la licitación que en su momento se puso en marcha para concesionar la recuperación del hotel, que estuvo abandonado durante casi quince años por un conflicto con los anteriores permisionarios y la desidia oficial. Según surge de aquellos papeles oficiales, el pliego inicialmente aprobado por Decreto N° 651 del 19 de junio de 2003 establecía en su cláusula 2.6 que “el bien inmueble reparado y/o remodelado, incluyendo las mejoras y ampliaciones, las decoraciones y los equipamientos de todo tipo que se hayan efectuado o incorporado en el mismo deberán ser devueltos al Instituto de Previsión Social de Misiones al término del contrato, sin derecho del concesionario a reclamar suma alguna por las mejoras y/o inversiones efectuadas, entendiéndose que sus costos han sido recuperados por la explotación del servicio concesionado”. Era clarísima la intención de permitir que un privado invirtiera y ganara dinero por un tiempo determinado pero con la obligación de devolver el predio a sus dueños, es decir al IPS. A diez años, el organismo recibió una carta documento del grupo HCI SA (Casino Iguazú SA) que le exige el cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato de concesión finalmente suscripto, la que contendría el compromiso de explotación con opción a compra a cargo del concesionario. Evidentemente, las intenciones iniciales sobre los fines de la concesión fueron modificadas en el camino en beneficio de los inversores privados. “Si se confirma que la cláusula de opción de compra existe nos encontramos ante dos posibilidades: una que el firmante del contrato haya obligado abusivamente al IPS, lo que constituiría un delito si esto no estuviera previsto en los pliegos de bases y condiciones particulares. Si esa facultad estaba prevista en los pliegos, nos encontraríamos ante lo que llamo lisa y llanamente la dilapidación del patrimonio de los afiliados del Instituto por parte de las autoridades de aquel entonces, presididas por Jorge Franco, y convalidada por los directores elegidos por los afiliados de las ramas Activa y Pasiva”, disparó Bordón.Un predio valiosoEl entonces subsecretario de Gestión Estratégica, Sergio Dobrusin explicaba en 2005, en medio del proceso de concesión, que “el predio del hotel y lo que está construido tienen un valor (dando estimaciones) de entre dos o tres millones de pesos, y lo que tiene más valor en este momento es el terreno y la ubicación de lo construido”. Eran tiempos del uno a uno, por lo que la transpolación del supuesto monto a valor dólar da una cifra de 45 millones de pesos, bastante más que los escuetos seis que propone pagar el concesionario hoy si es que correspondiera su venta y la cláusula que exige fuera legal. En el contexto actual de Puerto Iguazú, declarada Maravilla del Mundo y con una promoción turística global que tiene hoy en día, las cifras se multiplican a valores difíciles de calcular. Es que el hotel tiene una ubicación privilegiada, ya que reposa sobre la costanera del río Iguazú en la calle Córdoba, con una exclusiva vista de la unión de los ríos en las tres fronteras y un parque único de cuatro hectáreas envidiado por el resto de los operadores. Franco había intentado licitar el hotel en dos ocasiones pero “no se presentaron oferentes”. Finalmente, al tercer intento, el único que compró los pliegos fue el grupo que ya explotaba el Hotel Casino. El presidente del IPS reconoció públicamente que para atraer a los inversores había realizado cambios en los pliegos de bases y condiciones, pero jamás admitió que ofertó literalmente la venta a precio vil, que es lo que hoy exige el concesionario según el derecho que cree que le asiste.PRIMERA EDICIÓN intentó obtener la versión y explicaciones del caso por parte del Grupo HCI SA, que exige concretar el negocio, pero pese a la insistencia ante sus voceros, no quisieron realizar declaraciones. Los únicos que se refirieron formalmente al respecto fueron las actuales autoridades del IPS que admitieron el insólito pero grave reclamo legal y la remisión de todos los antecedentes al departamento Jurídico para que analicen la manera de evitar no sólo el despojo, sino también un eventual juicio por daños y perjuicios a raíz del incumplimiento. Fuentes del organismo reconocieron que la gestión de Jorge Franco los dejó en una encrucijada. “Yo desconocía esta cláusula, nos desayunamos ahora. Es una locura realmente” se lamentó un funcionario del Directorio que entiende que esta carta documento es la cola de la serpiente, y que todavía tienen mucho por delante para lograr defender el patrimonio que funcionarios anteriores literalmente “regalaron”. ¿Exceso de confianza o estafa? El gremio de empleados del IPS fue el primero en alertar sobre la operatoria, que se inició con el reclamo administrativo y por carta documento por parte del grupo HCI SA al IPS, para que efectivice la venta del hotel y el predio por la presunta escueta suma de 400 mil dólares. “Es un despojo, se está por ejecuta
r una estafa que empezó a pergeñarse hace diez años. El hotel de Turismo del IPS en Iguazú no es del Gobierno provincial ni de un funcionario, sino de los afiliados que aportaron peso por peso para lograr su compra y acrecentar el patrimonio del organismo. Todos los bienes que adquirió el IPS son el resguardo de cada prestación que los mismos afiliados sostienen con sus aportes, entonces es claro que hubo un exceso en las facultades de quien pensó que podía ofertar la venta del patrimonio”, aseguró Adolfo Moreyra, referente del sindicato. La preocupación más grande de los trabajadores no sólo se centra en la posibilidad de que se lleve adelante la venta o se inicie un proceso caro de reclamos judiciales, sino en la aparente intención de las actuales autoridades del IPS de “ocultar el contrato y proteger a los funcionarios responsables”. Es que reclamaron la entrega de una copia del contrato que vincula al grupo empresario y al organismo y hasta la fecha les fue negada la documentación, por lo que el miércoles hicieron el reclamo por nota y exigiendo formalmente su derecho a acceder a información pública que no debiera ser ocultada. El mismo reclamo realizó al IPS en forma verbal el legislador Germán Bordón, pero ante la negativa, el jueves presentó un pedido de informes para que el organismo no sólo explique lo que hasta la fecha fue admitido sin detalles, sino que además entregue copias certificadas de toda la documentación. PRIMERA EDICIÓN también intentó, sin suerte, acceder a copias del contrato cuyo cumplimiento exige la firma privada, pero los responsables del departamento Jurídico prefirieron mantener el código de silencio. "La venta nunca estuvo autorizada"El legislador radical Germán Bordón presentó el jueves un pedido de informes, cuyo tratamiento preferencial fue aprobado por el pleno, para que el Instituto de Previsión Social de Misiones remita documentación referente a la operatoria de licitación 01/05 del 14 de setiembre de 2005, que involucra al organismo provincial y a la firma HCI SA o Casino Iguazú para la concesión, remodelación y explotación comercial del exhotel del IPS en Puerto Iguazú, hoy conocido como Hotel Panoramic. Entre otras cosas solicitó conocer el plazo del contrato (puesto que algunas publicaciones de la fecha de otorgamiento hablaban de 20 años, y otras de 30); si en dicho contrato se estableció una opción de compra a favor del concesionario, y si tal posibilidad estaba prevista en el llamado a licitación y en los pliegos de bases y condiciones particulares. Por supuesto, también solicitó que se remitan todos los documentos relacionados a la operatoria que hoy se guardan bajo siete llaves. Entre otros, los dispositivos legales que autorizaron el llamado a licitación; la publicación respectiva; el pliego de bases y condiciones particulares; la oferta de la empresa concesionaria; el dictamen de la comisión de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación para la licitación; y, finalmente, el contrato de concesión.“De ser verdad la existencia de esa cláusula en el contrato de concesión, los funcionarios públicos que suscribieron el contrato se habrían excedido en sus facultades y consecuentemente habrían obligado abusivamente al Instituto de Previsión Social, en tanto el llamado a licitación no contemplaba en forma alguna la venta del hotel” señaló el diputado al referirse a las irregularidades que se habrían cometido en torno al otorgamiento.Es que de acuerdo a la poca información oficial anterior a la licitación que fue publicada en el Boletín de la provincia, la finalidad siempre fue la concesión y nunca la venta del hotel de Turismo Iguazú. “El pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado originalmente por Decreto 651/03 del Gobierno provincial como Anexo I, en ninguna de sus cláusulas establece ni menciona siquiera, la posibilidad de venta del hotel, por ninguna de las modalidades que se puedan utilizar para la venta” refirió. Por el contrario, establecía taxativamente la obligatoriedad de devolver el patrimonio. El modelo de contrato que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares tampoco contemplaba la posibilidad de la venta del hotel. “Si bien es cierto ese llamado a licitación fue declarado desierto mediante Decreto N° 2012/04, también es cierto que la Resolución N° 311/05 del Instituto de Previsión Social, por la que se convoca a una nueva licitación pública, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con el mismo objeto de concesión que el del llamado anterior” señaló. El legislador consideró que existen dos posibilidades para incluir la opción a compra que no sería legal por exceder las facultades de un presidente del IPS: o pudieron haber modificado el pliego de la tercera licitación que sí benefició a la firma HCI SA que fue la única oferente; o pudieron haber modificado el contrato de concesión posterior, lo que sería todavía más grave. “Del modo que fuere surge claramente que nunca estuvo autorizada la venta del inmueble a través de la concesión otorgada por el llamado a licitación y que nunca las autoridades del IPS, ni ninguna otra, estuvo facultada para firmar un contrato que permita una opción de compra por parte del concesionario. De ser cierto que esta cláusula contractual existe en el contrato de concesión, nos encontramos ante un hecho de inusitada gravedad, que no sólo sería ilegal, sino que importaría una inadmisible enajenación de los bienes que son propiedad de los afiliados del Instituto de Previsión Social, que no se puede permitir”, advirtió el diputado opositor. Finalmente aseguró que una vez que cuenten con la información solicitada y la copia certificada de toda la documentación referida a la concesión que tan celosamente guardan las autoridades actuales del IPS, “vamos a realizar las acciones necesarias para evitar que el patrimonio de los afiliados, sea dilapidado por culpa de funcionarios que habrían incumplido con sus deberes, regalando -literalmente- el hotel de Turismo de Iguazú”. Los únicos oferentes“El Iguazú Grand Hotel Resort y Casino podría quedarse finalmente con la concesión del hotel del Instituto de Previsión Social de la provincia de Misiones en Puerto Iguazú porque fue el único oferente de la licitación. Las posibilidades le son muy favorables”, decían las crónicas periodísticas hace diez años en referencia al tercer proceso licitatorio iniciado por el IPS para concesionar la refuncionalización del inmueble y su explotación comercial. Se decía entonces que la firma estaba dispuesta a invertir dos millones de dólares para remodelar y refaccionar el antiguo hotel que quedó en desuso 14 años atrás. Proponían, según lo que decían públicamente, mantener los valores arquitectónicos del lugar, por cuanto es una obra emblemática, y darles retoques de modernidad y actualización”, al tiempo que admitían que “la estructura del edificio en sus componentes de hormigón y mampostería son totalmente recuperables”.&
amp;nbsp;El canon previsto entonces que se le cobraría al concesionario del hotel del IPS sería de entre 10 y 15 mil pesos mensuales. El entonces presidente del IPS, Jorge Franco, anunció que "con lo que se recaude de ese canon se pretende crear un fondo de turismo para los afiliados”.
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