En cumplimiento de una resolución de la Cámara Nacional de Casación, el Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas, conformado por los jueces subrogantes Lucrecia Rojas de Badaró, Fermín Ceroleni y Mario Hachiro Doi, endureció las penas que recibieron en 2012 los policías misioneros condenados por torturas a detenidos políticos en dependencias de la Policía de Misiones durante la dictadura.Tras la audiencia pública que se inició el jueves y culminó ayer con la lectura de la sentencia, el médico policial Guillermo Roque Mendoza, sorpresivamente absuelto en el juicio original en 2012, fue condenado a pasar una década en prisión, y a inhabilitación perpetua, “como partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de tres personas, por la imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas”. Felipe Nicolás Giménez, figura clave de las sesiones de tortura en el Departamento de Investigaciones, en la Jefatura de Policía, fue condenado a la pena más alta, de 25 años, cuatro más que los que recibió en primera instancia, como “responsable de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 37 personas, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada en perjuicio de cuatro personas, imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y como coautor de cuatro violaciones”.A Julio Argentino Amarilla, agente civil de la Policía, se le subió la pena de siete a diez años como “partícipe secundario de crímenes de lesa humanidad contra 37 personas”. Al expolicía Carlos Alberto Pombo, porteño que vino como jugador de fútbol a la provincia, se le subió la pena de siete a quince años, como responsable por diez casos criminales. Violaciones impunesLas penas leves del fallo original, pese a que los testimonios de 60 expresos políticos trazaron un cuadro sobrecogedor de las inhumanas sesiones de tortura que se montaban clandestinamente en el Departamento de Investigaciones de la Policía, y otros centros de detención, llevaron a que la fiscal general Viviana Andrea Barboza y la parte querellante apelaran y consiguieran una revisión. Por la apelación, se consideró un agravante que las torturas se aplicaban a detenidos políticos, y se tipificaron como delitos -penados con años de prisión- a cuatro violaciones que, en el primer fallo -curiosamente- no merecían tratamiento particular. “Dosificaba la tortura” “Entendemos que en tiempo breve estas personas van a quedar con prisión preventiva hasta que quede la sentencia definitiva. Vamos a coordinar con la fiscal la doctora Viviana Barboza, para que se lleve adelante una presentación”, anticipó Rafael Pereyra Pigerl, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pereyra Pigerl se mostró conforme con el fallo y subrayó que “el caso del médico (Mendoza) es más grave, porque en el sistema represivo era el que dosificaba la tortura, controlando el estado de las víctimas; es grave porque es un profesional de la salud y por su juramento hipocrático tiene el deber no sólo con su paciente, sino con los derechos humanos y las normas humanas”.“Pasaron 34 años de democracia y la justicia como un valor democrático llegó, estamos conformes. Tienen derecho a estar en libertad, pero esperamos que Casación haga algo”, dijo Amelia Báez, querellante en la causa.
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