La Defensoría del Pueblo de esta ciudad intimó a las empresas que integran el denominado Grupo Z para que informen los motivos por los cuales no realizaron las obras que se requieren para finalmente habilitar la prometida “Estación de Transferencia de Quaranta”.La infraestructura que compone el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano se encuentra paralizada desde hace casi un año, situación que obliga a miles de pasajeros a pagar doble boleto para trasladarse de una punta a la otra de la capital, Garupá y Candelaria, con millonarias ganancias extra para las firmas concesionarias. Según reveló PRIMERA EDICIÓN el año pasado, la paralización se debe a la existencia de un caño maestro de agua potable que cruza por debajo del portal de acceso a la Estación, y que podría ocasionar un derrumbe o un hundimiento en caso de ceder al peso de los colectivos. Según las primeras versiones oficiales, fue el grupo beneficiado con las obras el que debió prever este tipo de afectaciones antes de avanzar con la construcción, por lo que sería también su obligación reparar el daño con la habilitación de un by pass que desvíe los caños comprometidos. El defensor del Pueblo, Alejandro Cohen, consideró que la empresa mayoritaria del grupo Z, Casimiro Zbikoski, debe dar explicaciones del retraso. Según indicó el funcionario, tanto la municipalidad de Posadas como la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas (Samsa) informaron a la Defensoría que la prestataria del transporte se negó a firmar un acta de compromiso para avanzar con las reparaciones y se mostró reticente “a cumplir con las obras y su posterior habilitación”. Zbikoski tiene diez días para contestar la requisitoria de la dependencia oficial, según los alcances de la ordenanza I Nº 38 (antes 3083/12) que establece la potestad de la defensoría para actuar ante el reclamo de los vecinos y la afectación de derechos colectivos.
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