El Poder Ejecutivo Provincial envió a la Cámara de Representantes un proyecto de comunicación, Expediente Nº PE-9717/16, solicitando Acuerdo Legislativo para designar a Ramón Alejandro Nazareth Casco, en el cargo de Juez del Juzgado de Primera Instancia con competencia en Familia y Violencia Familiar de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú. Tomó estado parlamentario en la sesión del último jueves, junto con otras designaciones impulsadas por el Ejecutivo. En las próximas semanas se realizará la audiencia pública y si no tienen impugnaciones seguramente serán aprobados sus pliegos en breve, y asumirán sus nuevos cargos en la Justicia.Casco se venía desempeñando como titular de la Defensoría de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de Familia Nº 2 de Posadas. Su cargo iba a ser ocupado por María José Ramírez, quien fue propuesta el 9 de diciembre pasado por el exgobernador Maurice Closs, que envió el pliego a la Legislatura un día antes de dejar el poder. La mujer fue denunciada en Corrientes, en marzo pasado, junto a su marido por el presunto intento de apropiación de una criatura recién nacida.La denuncia fue trasladada al Juzgado Penal de César Yaya en Posadas, quien se encuentra avanzando en la investigación, cada vez más comprometedora para la excandidata a jueza de Familia.Ante el estado público que tomó la situación y el rechazo social, los diputados renovadores que tienen la mayoría legislativa empezaron a poner en duda la aprobación del polémico pliego de la mujer. Entonces, aparentemente inducida desde sectores de la renovación, la mujer envió una nota a la Legislatura solicitando que se retire su pliego y anule su candidatura. Los diputados renovadores aceptaron el pedido y la postulación como jueza cayó. Pero la mujer sigue siendo secretaria del Juzgado Civil de Iguazú.Además continúa siendo investigada junto a su pareja Jonathan Calvo.Lo que se investigaLa causa en la que se encuentra imputada la letrada de Iguazú busca determinar si tanto ella como su pareja cometieron el delito de supresión y suposición de identidad de un menor (tipificado en el artículo 139 inciso 2 del Código Penal) al inscribir como hija del esposo a la bebé de una jovencita paraguaya de 16 años que tuvo a la criatura en el Hospital Materno Neonatal de Posadas y que, según la denuncia penal, habría estado trabajando como doméstica en la casa de la “intermediaria” desde un tiempo antes del parto.En el mismo expediente se encuentran imputados la pareja de Ramírez y una trabajadora social. La bebé fue efectivamente anotada como hija de la jovencita y del esposo de Ramírez, pero a dos meses de haber sido llevada a Iguazú, fue devuelta por la propia letrada que dejó constancia de ello ante un Juzgado de Paz. Por aplicación del nuevo Código Civil y Comercial, es posible la denominada “adopción de integración”, que se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente, la que puede ser concedida con “efectos de adopción plena o simple, según la valoración de las circunstancias (del caso) y de lo que mejor convenga al interés del menor”. La “adopción plena” le confiere al niño la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, es decir que adquiere en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. Esta vuelta a la ley es la que habrían encontrado quienes se dedican a la intermediación, ya que utilizando la estrategia de anotar al niño como hijo biológico del hombre de la pareja, conseguirían burlar las prohibiciones establecidas por la misma reforma del Código, que ya no permite las entregas “directas” de la mamá a los padres adoptivos, como ocurría hasta hace poco. En el expediente se estaría ante la sospecha de una maniobra similar a la descripta. Además, los investigadores instalados en Puerto Iguazú quieren determinar si existen casos parecidos con otros actores, si hay relación en los eventuales casos que se detecten y si, en el peor de los casos, se trata de una red dedicada a este tipo de transacciones y búsquedas de “panzas” en forma sistemática.El ADN dio negativoEn el marco de la investigación que la Justicia penal lleva adelante y que involucra a la abogada que casi asumió como jueza, se determinó que su actual pareja no es el padre biológico de la niña que inscribieron como hija. Esta posibilidad había sido negada desde un principio por la jovencita que denunció que le sacaron a su bebé en forma abrupta para llevarse a la criatura a Iguazú. Ahora, los exámenes de ADN confirmaron la versión dada por la madre-niña que denunció a la pareja por la apropiación de su pequeña. El resultado “finalmente complica más a los investigados”, aseguran los pesquisas. Todos a responderDespués de que PRIMERA EDICIÓN publicara el resumen de la investigación penal y de las pistas que habrían surgido a partir de las aparentes conexiones con los mismos protagonistas y similares formas de operar, del Juzgado de Instrucción 2 emitió oficios y pedidos de informes a dependencias públicas y privadas relacionadas a la atención de partos e inscripción de los nacimientos. Entre las medidas ordenadas, solicitaron informes a los juzgados civiles de Puerto Iguazú y Eldorado, y al Juzgado de Familia de Puerto Iguazú, sobre todos los casos de adopciones que se realizaron en los últimos tiempos, profesionales intervinientes y previsiones que se tomaron para asegurar que no hubo entregas directas. La Justicia busca determinar si en todos los trámites se tuvieron en cuenta las previsiones prescriptas por la Ley para evitar las intermediaciones ilegales, y si todos los padres adoptantes estuvieron previamente inscriptos en el Registro de Postulantes. En caso de que se hubieran realizado “adopciones por integración”, es decir, cuando un integrante de la pareja adopta al hijo biológico de su cónyuge, quieren determinar si se repitieron situaciones como las que hoy involucran a la expostulante a jueza.
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