La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social es una dependencia especializada dentro de la Procuración General de la Nación y encargada de investigar los delitos relativos al amplio universo de la seguridad social. Según la dependencia, “existe un gran abanico de maniobras ilícitas que tienen como cometido los fondos a través de los cuales se financian las prestaciones de toda la ciudadanía. La protección estos recursos reviste un fundamental interés, de allí que trabajemos en la investigación de las conductas delictuales, o potencialmente punibles, que puedan afectar los fondos sociales y sus finalidades específicas”.Las conductas ilícitas vinculadas al sistema de la seguridad social que se detectan son el fraude en perjuicio de la administración pública, la estafa, la evasión de aportes y contribuciones de la seguridad social, la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el incumplimiento del régimen de la seguridad social en casos de trata laboral, la gestión indebida de prestaciones jubilatorias y/o sociales, entre otros delitos. En relación a las jubilaciones “truchas” esta unidad detectó que una de las metodologías más usadas en casos de residentes extranjeros es la falsificación del Certificado de Ingreso al País, supuestamente expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, donde se adultera la fecha de ingreso para consignar una anterior a la real que se encuentra en el Documento Nacional de Identidad para extranjeros, a los fines de certificar que tiene los 30 años exigidos previos al beneficio. “Se configura el delito de falsificación de documento público, ya que todos los documentos, y el certificado expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, son librados por organismos públicos, y en consecuencia, por funcionarios públicos que están dando fe de su contenido”, señalan.
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