La titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores, Gabriela Boquín, dictaminó que los pagarés que firmó un apostador dentro de un casino de Puerto Iguazú no son ejecutables, ya que la empresa “incurrió en prácticas abusivas agravadas por la incitación al juego”. La firma que explota el Casino Iguazú demandó a un jugador para obtener el cobro de cinco pagarés firmados durante la misma noche en distintas mesas de juego, pero la representante del Ministerio Público determinó que “no son ejecutables ya que los compromisos fueron instrumentados violentando los principios rectores del derecho”. “No le asiste derecho al accionante HCI S.A, quien explota el Casino Iguazú, de exigir” el pago, porque la empresa “ha incurrido en prácticas abusivas, propias del ejercicio abusivo del derecho que despliega en su posición dominante explotando la vulnerabilidad que es propia de todo consumidor, pero que se encuentra agravada por la incitación al juego, lo que en algunos casos incluso provoca serios daños a la salud”, refirió la funcionaria judicial en un dictamen que podría resultar señero en relación a las deudas que adquieren los apostadores y enfermos de ludopatía en las salas de juego. Boquín consideró que debe aplicarse la ley de defensa del consumidor (N°24240) y subrayó que “la obligación de pagar sumas de dinero, nacida de los contratos de juego y apuesta, ya con el viejo Código Civil, no podían ser transformadas en otras que permita su exigibilidad judicial, toda vez que sería considerada una causal simulada e ilícita”.
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