“Es cierto” dijo el presidente del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) Joaquín Sánchez, a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura cuando fue requerido respecto de la paralización de la obra de toma de agua cruda desde el Paraná y acueducto en Jardín América, un proyecto que ya demandó 45 millones de pesos para la primera etapa, de la que sólo se concretó la mitad. El funcionario admitió que la Nación le requirió documentación adeudada sobre la millonaria inversión, y aseguró que en el transcurso de este mes podrá cumplir con las exigencias. También dijo que la obra se encuentra parada hace más de nueve meses y que la empresa adjudicataria (Indo SA) se comprometió a continuarla en los próximos días, pese a los cinco millones de pesos que el organismo le estaría adeudando por el pago de los caños especiales que la firma ya compró y no pudo cobrar. También dijo que la toma de agua que debió construirse con el millonario monto en Colonia Oasis “volverá al proyecto original” una vez que se retomen los trabajos y que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación considere suficientemente explicado el destino de los fondos. Sánchez, quien espera manejar 2.200 millones de pesos provenientes del Gobierno nacional en el presupuesto de la provincia para 2017, se refirió así al complejo escenario que envuelve a la obra pública más esperada por los habitantes de Jardín América, la que arrancó en febrero de 2014 y quedó paralizada apenas un año después, sin que nadie haya explicado los motivos hasta que PRIMERA EDICIÓN develó en un informe el requerimiento nacional de rendiciones. El funcionario también reiteró que se discute con la Nación el reconocimiento de mayores costos de esta etapa de obra por efectos de la inflación, que habría vuelto insuficiente el presupuesto asignado. “Soluciones de fondo”En relación a otras obras de agua potable y cloacas que tendrán continuidad presupuestaria, Sánchez aseguró que a finales de este año se estaría culminando la que se ejecuta en Panambí, y que seguirá contando con aportes del Tesoro provincial según un compromiso asumido por el ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán. También dio detalles de las obras previstas en Puerto Iguazú, y sobre las que están proyectadas en San Vicente. El funcionario explicó que la nueva gestión al frente del Gobierno nacional ahora le exige a las provincias la elevación de “proyectos directores” de agua potable y cloacas que configuren soluciones a largo plazo, ya que no financiarán más “parches” sino obras que provean de suministro y servicios por veinte o treinta años a distintas comunidades. En este marco, están elaborando estos proyectos para las localidades “prioritarias”, que son Comandante Andresito, Bernardo de Irigoyen, Corpus-Roca; Garuhapé y El Soberbio. “Teniendo los recursos de los grandes ríos es tiempo de pensar en este tipo de soluciones, por eso plantearemos hacer acueductos para la provisión de agua potable” explicó. En relación al presupuesto 2017 para el organismo, señaló que previeron 3.400.000 pesos para transferencias de agua potable (un 64% más que este año) además de 144 millones para obras e inversiones. Los 2.200 millones de pesos restantes se completan con fondos nacionales, y totalizan un 10% más de aportes que los previstos en el presupuesto actualmente en ejecución.“No hicimos grandes obras en este período porque tuvimos que atender los requerimientos de los municipios para el mantenimiento de equipos y sistemas de bombeo, reparación o reemplazos de bombas”, finalmente se justificó ante la comisión. Datos que asustanEl ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, Juan Carlos Agulla, también pasó por la Comisión de Presupuesto de la Legislatura en la mañana de ayer para explicar las previsiones y partidas incorporadas al proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2017. El panorama que dio en relación al trabajo de los misioneros, a la desocupación y a los índices de trabajo en negro dejó un sabor amargo: aseguró que Misiones tiene entre un 8 y un 9% de personas desocupadas (similar a la media nacional, dijo) pero es mucho más alto el porcentaje de subocupación y trabajo no registrado. Los sectores más críticos en este sentido son la construcción, con 8 mil trabajadores parados; y áreas productivas como la maderera y el comercio. Anunció que en 2017 abrirá cuatro nuevas delegaciones para controlar las zonas consideradas “agujeros negros de la informalidad”: San Pedro, Irigoyen, El Soberbio, Andresito. Otro dato preocupante: de los 120 empleados de la dependencia, sólo el 20% (unos 25 trabajadores) realiza tareas de inspección en toda la provincia.
Discussion about this post